3 de diciembre de 2021 | 17:15

El árbitro electoral

¿Quién realmente juega como el árbitro electoral?
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El INE es considerado por muchos como el árbitro electoral. En cierto sentido lo es, pero marginalmente. Su tarea fundamental es organizar las elecciones y las consultas ciudadanas, no funciona como órgano judicial o jurisdiccional. De hecho, las tareas de sanción a partidos, candidatos, medios de comunicación y particulares debilitan al INE. Si una reforma debe plantearse es que estas funciones las realice el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y no quien debe organizar la elección.

La circunstancia política ha hecho del INE una parte en la contienda, y no por decisión de los consejeros o su presidente Lorenzo Córdova, sino porque a tal condición lo ha llevado el presidente López Obrador y su partido. Aun así, a pesar de la controversia y de la reiterada embestida en su contra, el INE es una institución con elevada credibilidad y confianza públicas. Sin embargo, el problema no está en cómo lo ven los ciudadanos, sino los actores políticos, especialmente las autoridades, candidatos y medios de comunicación.

Precisamente, por esas sanciones que aplica el INE a los sujetos del proceso electoral, hay una postura hostil a la autoridad electoral. La determinación de inhabilitar a aspirantes del partido gobernante a los cargos de gobernador en Guerrero y Michoacán le significó una agresiva respuesta del presidente y de Morena. Como tal, se advierte que con frecuencia el obligado y más el sancionado, no reconozcan que el INE sólo aplica la ley, no la crea y tampoco tiene facultades discrecionales en cuanto a la observancia de la norma. Otro aspecto a destacar es que el reclamo histórico de AMLO al INE es precisamente por su insatisfacción con el ejercicio de su poder sancionador y no en la organización de los comicios como tal.

La encrucijada difícil del INE significa que el Tribunal Electoral, el mal llamado TRIFE, cobre la mayor relevancia. Éste sí es el árbitro de la contienda. Además, su importancia cobra relieve por ser tribunal de última instancia, es decir, sus decisiones son definitivas, no son revisables, atacables o reversibles.

El Tribunal Electoral, a pesar de la aguda crisis de credibilidad a la que lo llevó José Luis Vargas, con su remoción de la presidencia por prácticamente todos los magistrados a principios de agosto de este año y más claramente por las resoluciones recientes de cara a la legalidad, le ha llevado a recuperar prestigio y confiabilidad como en sus mejores momentos. No existe precedente semejante. Una rebelión por la legalidad y la institucionalidad por quienes integran el órgano interno de gobierno. El magistrado Vargas, por elemental sentido de dignidad y por el daño inferido a la institución debería optar por la renuncia; no ha sido así porque sobre él pesan cargos sustanciados de venalidad y enriquecimiento inexplicable, y ser magistrado le concede blindaje legal, que conlleva, por ahora, impunidad.

El nuevo presidente del Tribunal, Reyes Rodríguez, presentó el pasado martes su informe ante los plenos de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). El ambiente fue notoriamente distinto respecto al pasado inmediato. Hay un nuevo momento del Tribunal y también en la Corte y el CJF, respecto a un sentimiento compartido por la legalidad, la independencia y autonomía frente a todo factor de poder, especialmente ante las presiones y ataques, muchos provenientes de la Presidencia de la República y del partido en el poder. Un sentimiento de reencuentro fortalecido por la terna presidencial y la designación por el Senado de la nueva ministra, Loretta Ortiz; los prospectos y la designada tienen como origen el CJF.

Reyes Rodríguez representa el nuevo momento que vive la justicia mexicana en sus órganos superiores. No se trata de un ánimo de confrontación o de contrapeso al presidente López Obrador, sino de algo más elemental y trascendente, hacer valer la ley y acreditar la constitucionalidad de todo acto de autoridad, tarea fundamental para la civilidad democrática y la paz social, especialmente en la disputa por el poder.

Federico Berrueto en Twitter: @Berrueto