El 30 de julio, Día Internacional contra la Trata de Personas, nos recuerda que lamentablemente este delito es una violación gravísima a los derechos humanos y afecta de manera desproporcionada a mujeres, niñas, niños y comunidades vulnerables en México. Si bien existen leyes y protocolos internacionales para combatirla, la magnitud del problema y las barreras para su erradicación siguen siendo un desafío mayúsculo.
Según el 5º Reporte sobre la Trata de Personas del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México (enero-junio 2025), las mujeres y niñas representan el 62% de las víctimas.
La explotación sexual, con un 90% de mujeres afectadas, es la forma más común, seguida de la servidumbre doméstica y el matrimonio forzado, donde el 100% de las víctimas son mujeres. Incluso en la mendicidad forzada, las mujeres representan el 52.5% de los casos. Estas cifras reflejan una realidad profundamente desigual e injusta.
El mismo reporte revela que entre enero y junio de 2025, se recibieron 1,640 reportes a la línea telefónica del Consejo Ciudadano. El 51% de las denuncias provienen del interior de la república, el 22% de la Ciudad de México y el 5% del extranjero (Estados Unidos, Colombia, Guatemala y Venezuela), lo que indica la naturaleza transnacional de este delito.
México, como Estado parte del Protocolo de Palermo, cuenta con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas (2012). Esta ley reconoce once modalidades del delito y establece derechos para las víctimas, incluyendo atención médica, psicológica y jurídica. Sin embargo, su aplicación enfrenta obstáculos significativos, como la falta de armonización legislativa entre entidades federativas, recursos limitados y deficiencias en la capacitación del personal, según señala la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El subregistro es un problema crítico. Mientras que las cifras oficiales muestran un número reducido de investigaciones (1,750 entre 2015 y 2020, según la CNDH), organizaciones de la sociedad civil, como la Comisión Unidos Contra la Trata, estiman la existencia de más de 800,000 víctimas invisibles. Este abismo entre las cifras oficiales y las estimaciones de la sociedad civil resalta la necesidad de mejorar los mecanismos de denuncia y la protección de las víctimas.
Todavía más cruel es el tema de la trata de personas con discapacidad para fines de mendicidad forzosa. En el portal Yotambien.com leí un artículo escrito por María Elena Esparza, presidenta de la Ola Violeta, donde nos habla de esta terrible forma de explotación de los derechos humanos.
La maestra nos explica que según la Cámara de Diputados, los datos oficiales revelan que entre 2015 y 2023 los casos registrados fluctuaron drásticamente, pasando de 415 a 729 denuncias, con variaciones que incluyen una disminución a 304 casos en 2017 y un incremento a 805 en 2023. Con esto, la Secretaría de Gobernación ha reconocido oficialmente que la mendicidad forzada constituye uno de los fines más frecuentes de este delito, dirigido especialmente hacia menores y personas con discapacidad.
¿Por qué como sociedad hemos permitido que la vulnerabilidad se convierta en una herramienta de explotación? Estos delincuentes han descubierto que la discapacidad genera mayor compasión en los transeúntes, lo que se traduce en mayores ganancias. Esta lógica criminal no solo destruye vidas individuales, sino que perpetúa estereotipos que obstaculizan la inclusión genuina de las personas con discapacidad en nuestra sociedad.
Estamos, sin duda, ante un problema complejo. El miedo a la revictimización, la corrupción y la infiltración del crimen organizado en las redes de trata contribuyen a la invisibilidad de este problema. Para combatir eficazmente este delito, es crucial fortalecer la colaboración entre autoridades, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía, mejorar la capacitación de las fuerzas de seguridad, garantizar la protección de las víctimas y abordar las causas subyacentes que alimentan este flagelo. Solo así podremos avanzar hacia un México libre de trata.