Históricamente, el espacio público ha sido un territorio de exclusión para las mujeres. Hoy, esa barrera se ha trasladado a los algoritmos y los linchamientos digitales. En la era de la hiperconectividad, la violencia política de género (VPG) se ha vuelto más ubicua, barata para quien la ejerce y devastadora para quien la recibe, manifestándose como un mecanismo de control en nuestras pantallas.
La violencia política en el entorno digital no es un “daño colateral” de las redes sociales ni un exceso de libertad de expresión. Suele ser ejercida por cualquier actor político, independientemente de su género, cuando se utilizan estereotipos o ataques personales para invalidar a una mujer. Cuando una candidata o funcionaria es atacada con deepfakes, amenazas o campañas de desprestigio basadas en su vida privada, el objetivo no es el debate de ideas, sino el silencio.
A diferencia de la crítica política legítima, que cuestiona la gestión o la ideología, la VPG digital ataca la identidad. Busca quebrar la presencia pública de las mujeres y enviar un mensaje disuasorio: “Si participas, este es el precio”. Esta violencia rara vez se queda en los bits; a menudo escala al mundo offline, traduciéndose en acoso callejero, persecución y agresiones que ponen en riesgo real la integridad física de las mujeres. Lo virtual es real, y el discurso de odio digital es, con frecuencia, el preludio de la violencia física, como ha sido mi caso y el de muchas compañeras políticas.
El reto es enorme porque la arquitectura de las plataformas suele incentivar la polarización. El anonimato permite la impunidad y la velocidad de viralización hace que el daño sea casi irreversible. Debemos superar la idea de que lo digital es inofensivo, pues el impacto en la salud mental y la seguridad personal socava directamente la libertad de participación política.
Para combatir este fenómeno, necesitamos responsabilidad algorítmica, leyes que entiendan la persistencia del daño digital y una cultura política donde la crítica no sea un arma. No podemos permitir que el entorno digital se convierta en un mecanismo de expulsión. La democracia debe también ser digital, pero sobre todo, debe ser un espacio seguro para todas. Juntas y juntos impulsemos una política libre de violencia.
Jennifer Islas. Política y conferencista.