En política hay algo que puede ser tan importante como la legalidad: la confianza.
Y justamente ahí está el problema que comienza a dibujarse alrededor de la próxima definición del secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León.
El nombre de Jesús Cantú Escalante ha comenzado a generar cuestionamientos por una razón que va más allá de su capacidad profesional o de su trayectoria. Su cercanía con Tatiana Clouthier —quien ha sido mencionada como una de las figuras con aspiraciones para competir por la gubernatura en 2027— abre una pregunta inevitable: ¿puede alguien con ese historial ocupar una posición estratégica dentro del organismo que tendrá en sus manos buena parte de la operación electoral?
La respuesta no debería depender de simpatías políticas.
Tampoco se trata de afirmar, sin pruebas, que Cantú vaya a favorecer a determinada candidata. El punto es otro: en materia electoral, la imparcialidad no solamente debe existir; también debe ser visible para todos.
Porque el secretario ejecutivo no ocupa un puesto decorativo. Es una pieza fundamental para el funcionamiento cotidiano del organismo electoral. Desde ahí se coordinan tareas administrativas y operativas indispensables para que una elección pueda desarrollarse con certeza.
Por eso cualquier vínculo político previo merece ser revisado con lupa.
No porque tener una trayectoria política o haber trabajado con determinados personajes convierta automáticamente a alguien en parcial, sino porque cuando hablamos del árbitro electoral los estándares deben ser especialmente altos.
Nuevo León, además, no llega a este debate con una institución completamente ajena a la polémica.
El IEEPCNL ya ha enfrentado cuestionamientos por decisiones relacionadas con la designación de su Secretaría Ejecutiva. Ese antecedente hace todavía más importante que la próxima decisión sea transparente, explicada y capaz de resistir cualquier sospecha de intervención política.
Y aquí está la verdadera discusión.
No se trata de Cantú contra Clouthier. No se trata de Morena contra el PAN, ni de un grupo político contra otro.
Se trata de algo mucho más elemental: ¿quién va a cuidar al árbitro?
Porque si los ciudadanos empiezan a percibir que quienes organizan una elección tienen vínculos demasiado estrechos con quienes eventualmente competirán en ella, la desconfianza aparece incluso antes de que se coloque una sola boleta en una urna.
Y recuperar la confianza después es mucho más difícil que cuidarla desde el principio.
El proceso electoral de 2027 todavía no comienza formalmente, pero las piezas ya se están acomodando. Por eso este es precisamente el momento para establecer reglas claras, transparentes y, sobre todo, perfiles que no generen dudas razonables sobre su independencia.
La democracia no solamente necesita elecciones.
Necesita árbitros en los que todos —gobiernos, partidos, candidatos y ciudadanos— puedan confiar.
Si la designación del próximo secretario ejecutivo del IEEPCNL se hace con criterios políticos, el costo no será solamente para quien ocupe el cargo. Será para toda la institución.
Y cuando el árbitro pierde credibilidad, hasta las decisiones correctas empiezan a parecer sospechosas.
Nuevo León no puede darse ese lujo rumbo a 2027.