“La ilustración es la salida del ser humano de su auto-incurrida minoría de edad.”
Immanuel Kant
La propaganda y la narrativa del gobierno niega sistemáticamente la crisis energética. Sin embargo, resulta, hasta ofensivo, que el gobierno federal pretenda engañar a la población, asegurando que los apagones que miles de familias viven a diario y las afectaciones a la salud, al comercio y a la vida cotidiana de los yucatecos, no existen.
Recientemente, Claudia Sheinbaum afirmó: “Dicen que no hay electricidad, que no hay suficientes plantas de abastecimiento… Nada que ver. Hay un programa de mantenimiento normal de la CFE, hay suficiente energía para Yucatán y va a haber más, porque viene el gasoducto y una nueva planta. Que no haya engaños ni propaganda que no tiene nada que ver con la realidad.”
La realidad desmiente el discurso
Las evidencias de la crisis energética en la Península de Yucatán son innegables: apagones diarios, sobrecarga en las líneas, fallas en transformadores y temperaturas extremas que agravan la situación. Este fenómeno no puede ocultarse bajo arengas políticas ni descalificaciones hacia quienes visibilizan el problema.
Como escribió Kant a quienes aplauden ciegamente estos mensajes oficiales: “La pereza y la cobardía son las causas de que una gran parte de los hombres permanezcan gustosamente toda su vida en minoría de edad.”
La actual alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, ha mostrado desde su periodo como diputada federal una preocupación constante por la situación energética de la región. En 2023, presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso para exigir a Manuel Bartlett, entonces director de la CFE, acciones inmediatas y reconoció la importancia de proyectos como la planta Mérida IV y la ampliación del gasoducto Mayakán. Sin embargo, Bartlett y sus operadores ignoraron estas advertencias. Hoy, con nuevas autoridades, la situación no mejora y los apagones son cada vez más frecuentes y prolongados.
La crisis energética no es exclusiva de Yucatán
Pemex enfrenta una de las peores crisis financieras de su historia, con producción a la baja, corrupción interna y la persistencia del huachicol. La CFE, por su parte, ha disminuido su capacidad de generación, afectando a hogares, comercios e industrias.
Esto ha frenado oportunidades como el nearshoring y evidencia una infraestructura frágil, especialmente en regiones desconectadas como Baja California y la Península de Yucatán.
Decir estas verdades no es propaganda política, sino un acto de responsabilidad. Yucatán es un ejemplo claro de las consecuencias del abandono energético: una red saturada, plantas ineficientes, apagones constantes y una población cada vez más desesperada.
Ignorar esta realidad es rendirse a la “moral de rebaño” y perpetuar la “minoría de edad” de la que hablaba Kant.
El gobierno federal promete
El tan anunciado gasoducto llegará —si acaso— en 2027, y eso si la CFE y su subsidiaria CFEnergía, dirigida por Eréndira Corral, dejan de privilegiar el negocio heredado por Bartlett y Miguel Reyes, el uso del diésel para generar electricidad cuatro veces más cara que con gas natural.
El proyecto de ampliación del ducto Mayakán lleva al menos cuatro años de retraso. En su lugar, se ha apostado por traer Gas Natural Licuado (GNL) en barco, una solución inviable para la península. Los barcos que transportan GNL requieren un calado de al menos 16 metros; el Puerto de Progreso tiene apenas 12, y con su futura ampliación llegaría solo a 14. Además, se requiere de una planta regasificadora que ni siquiera ha iniciado su construcción. Finalmente el GNL es hasta tres veces más caro que el gas que llegaría por ducto.
En marzo de 2025, un apagón masivo dejó a gran parte de la península sin electricidad. La causa: Pemex inyectó gas natural con un alto grado de humedad, obligando a detener la operación y reiniciar las plantas a diésel.
Una “casualidad” que apunta al mismo negocio que retrasa el ducto: mantener el uso de combustibles más caros en beneficio de unos cuantos.
Dependencia energética
Además del huachicol del diésel, otro riesgo ha emergido: las declaraciones de la embajada de Rusia anunciando que podrían abastecer de GNL a México y colaborar en el sector eléctrico. Esto plantea dudas no solo sobre corrupción, sino sobre soberanía energética. ¿Cómo se justifica permitir la entrada de intereses rusos cuando se presume independencia energética?
Hoy no se percibe voluntad política para acelerar la ampliación del ducto, invertir en redes de transmisión o reforzar la generación sustentable. Lo que sí se percibe es un claro intento de minimizar el problema, descalificar a quienes lo denuncian y proteger intereses privados en el suministro de energía.
Si esta tendencia continúa, la Península de Yucatán estará sumida en apagones constantes, sin capacidad de atraer inversión ni garantizar bienestar. Mientras tanto, el gobierno seguirá afirmando que todo está bien y, quien diga lo contrario solo hace “propaganda política”.
X: @diaz_manuel