“Nuestra idea fuerza es y debe ser la destrucción de las AFORE… Resulta muy importante convocar a todos los trabajadores al servicio del Estado y a sus familias; sumar a los trabajadores del IMSS, a los sindicatos independientes...”
Colectivo el Zenzonte (CNTE)
Tres datos publicados en las dos última semanas sobre la economía mexicana me han llamado la atención: 1) la caída de la tasa de pobreza laboral; 2) el incremento de la masa salarial en relación con el Producto Interno Bruto (PIB); y 3) el gran equilibrio que muestran las finanzas públicas, sobre todo cuando se observa el saldo positivo en el balance primario del sector público. Vale la pena hacer comentarios sucintos sobre cada uno de los puntos.
1. La tasa de pobreza laboral de 33.9% en el tercer trimestre de 2025 es la más baja observada desde que se lleva el registro de este indicador; es decir, desde hace más de 20 años. Después del terrible impacto que tuvo la crisis del COVID, el descenso de esta tasa ha sido de 12.1 puntos porcentuales; de hecho, la gráfica elaborada por ENOE muestra una caída casi vertical. Si se quiere comprender mejor esta disminución porcentual, esto significa que después del tercer trimestre de 2020, en total 14 millones de mexicanos han superado las condiciones de vulnerabilidad económica. El declive de la pobreza es altamente positivo, llena de esperanzas; empero, se debe seguir trabajando porque todavía 44.2 millones de personas viven en condiciones de pobreza laboral.
2. La masa salarial al cierre de 2024 se situó en 31.8% con respecto al PIB, siendo la tasa más alta observada en los últimos 40 años, conforme a cifras del INEGI. Este dato indica una mayor participación de las remuneraciones de los asalariados en el ingreso nacional y desde luego, lleva a concebir que existe una tendencia social positiva en la distribución de la riqueza. Se debe continuar con esta tendencia hasta que se alcance el 40.6% que existía en los años setenta del siglo pasado; o el rango promedio de 45% de los países miembros de la OCDE.
3. Después de hacer referencia al meritorio avance de los ingresos presupuestarios y particularmente a la recaudación tributaria que muestra un crecimiento anual a abril de 2025 en términos reales de 10.1%, la SHCP en su informe sobre Finanzas Públicas y Deuda Pública pone especial énfasis en que los balances fiscales se mantuvieron por debajo de lo previsto y que el balance primario registró un superávit de 285 mil millones de pesos, esto es, 174 mil millones por encima de lo previsto.
¿Cómo se relacionan los dos primeros puntos con el tercero? El balance fiscal primario es la diferencia que existe entre los ingresos totales del gobierno (básicamente, recaudación tributario y tarifas de los servicios públicos) y los gastos totales, excluyendo el costo financiero de la deuda pública. El contar con un superávit primario significa que el gobierno registra ingresos mayores a sus gastos operativos y que incluso, tiene un excedente para cubrir parcialmente el pago de intereses que la deuda le genera; lo contrario, un déficit, aumenta la presión fiscal y conlleva a aumentar la deuda pública en ese mismo monto. A cifras del primer trimestre en pesos corrientes, si el déficit primario fuera similar a 1% del PIB, se tendría que ampliar la deuda en 346.5 mil millones de pesos y si México tuviera un déficit primario de 3% con respecto al PIB (como el que tiene Estados Unidos) la presión de deuda sería por 1.038 billones de pesos.
La cifra del superávit primario en el primer cuatrimestre de 2025 indica que se tiene una proporción de 0.8% en relación con el PIB y que el mismo ya supera en 68 mil millones de pesos al previsto durante todo 2025. La cifra se puede ajustar a la baja en los próximos meses, pero hasta abril en términos fiscales se tiene un buen logro.
Es claro que estamos hablando de un gobierno que concibe que se puede potenciar el crecimiento desde abajo pero sin afectar el equilibrio fiscal; no pensar en mantener finanzas públicas sanas haría que el modelo que se intenta implementar sea insustentable en el mediano y largo plazos; además de que alteraría una variable sensible como la inflación.
Más allá de ver al salario como un resultante de coeficientes técnicos, el actual gobierno concibe que existe el imperativo ético de aumentar los salarios (hasta 2.5 veces la canasta básica al concluir el sexenio), existiendo en cadena un circuito virtuoso: que mejores condiciones de existencia (alimentación, salud, educación y vivienda, entre otros servicios y bienes básicos) amplían los niveles de productividad; lo que impacta positivamente en la calidad del mercado de trabajo; esa mejora productiva (y por tanto en la producción) requiere a su vez de un ensanchamiento en el consumo; lo que, como corolario, lleva a incrementar salarios y a mantener altos niveles de empleo.
¿Se puede crecer desde abajo? Esto lleva a una gran discusión, pero coincido de que se requiere de gradualidad y de un Estado con finanzas sanas que sea capaz de tener efectos multiplicadores en el empleo, en el consumo y en la inversión; de construir obra pública en donde los privados no invierten por costo-beneficio; de involucrar cada vez más al sector empresarial en la estrategia de desarrollo nacional; de mantener acuerdos en torno a los salarios y a los precios de los productos y servicios básicos entre los diferentes sectores; y de sostener una línea estratégica para mantener controlables los precios de bienes estratégicos (energía) sin escatimar esfuerzos para impulsar los planes de negocios que saneen las finanzas de las empresas públicas, particularmente PEMEX y CFE. Parece un gran reto, pero todo esto se tendría que lograr si se hace caso a la estrategia planteada por la presidenta Sheinbaum.
No suele decirse, pero también las finanzas públicas requieren de una adecuada programación, además - claro está - de austeridad. Los programas sociales no pueden convertirse en una presión de gasto que aumente la deuda pública. Para 2025 se prevén utilizar para estos programas 1.1 billones de pesos, lo que significa alrededor de 3.1% del PIB a marzo de 2025 y 11.8% de los gastos totales del gobierno federal. ¿Es mucho o poco? Todo depende, pero habría que decir que el costo financiero de la deuda asciende a 1.4 billones de pesos, es decir, representa el 4% del PIB y el 15% de los gastos totales. Lo importante es que hasta abril se tiene un superávit primario que arroja un remanente de 285 mil pesos, que de mantenerse podría cubrir otras necesidades en donde haya presión de gasto; o bien utilizarse para cubrir parcialmente el costo financiero de la deuda.
Ahora vale la pena fijarse en el gasto corriente programable para 2025, mismo que asciende a 3.9 billones del PIB, lo que significa 60% del gasto total programable y 41% del gasto total (programable y no programable) del gobierno federal. Dentro de este gasto corriente, los servicios personales (capítulo 1000), que incluyen básicamente sueldos y salarios, prestaciones y gastos de seguridad social, suman 1.4 billones de pesos. Con la misma secuencia, esto significa 4% del PIB, 21% del gasto total programable y 15% del gasto total.
¿Qué significaría aceptar la propuesta de la CNTE de aumentar los salarios en 100%? Desde luego, esto llevaría a una presión para aumentar los sueldos y salarios de todos los empleados del sector público (¿por qué a nosotros no, diría, por ejemplo, el personal del sector salud?); lo que generaría un requerimiento adicional de recursos de 1.4 billones de pesos; aumentando al doble todas las proporciones; estos es; 2.8 billones de pesos significarían 8% del PIB, 42% del gasto total programable y 30% del gasto total. No es que lo merezcan o no, pero los 100 mil agremiados de la CNTE no pueden romper con la estrategia realista de mejora gradual que requieren los 2.2 millones de maestros y los 28 millones de trabajadores que cuentan con una ocupación formal en el país (datos a abril de 2025 del INEGI). Además, los maestros han sido beneficiados por la política salarial de los dos últimos gobiernos: de 2018 a la fecha el incremento salarial fue de 58.7%, en términos reales; muy por arriba del incremento del 32% del salario promedio de los trabajadores que cotizan en el IMSS.
Sobre la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, me interesa mucho replicar algunas partes del siguiente texto del Colectivo del Periódico Zenzonte publicado en la Jornada de Oriente: “Recordemos que nuestra idea fuerza en esta jornada de lucha (del CNTE) es y debe ser luchar por la destrucción de las Afores herederas del FOBAPROA de los gobiernos neoliberales”…”Las AFORE no son un beneficio, son un mecanismo del capitalismo neoliberal del despojo financiero”…”No es libertad financiera, es un sistema obligatorio de acumulación para los grandes capitales”…”Resulta muy importante convocar a todos los trabajadores al servicio del Estado y a sus familias; sumar a los trabajadores del IMSS, a los sindicatos independientes, plantear la alianza internacional de trabajadores en su lucha por las pensiones y una jubilación digna”…
Importa más la ideología y la idea de desestabilizar, que estar a favor de los verdaderos intereses de los maestros que serían los de alcanzar una pensión digna y para la cual se ha creado el Fondo de Pensiones para el Bienestar (FPB), que complementa la tasa de reembolso hasta en 100% para aquellos maestros cuya pensión de su cuenta individualizada no supere conforme las cifras actuales 17 mil 364 pesos. No quiero extenderme más, sólo basta ver la siguiente gráfica:
Habría más puntos que destacar (sobre todo el de las UMAS), sin embargo, sólo quiere que se observe que la propuesta del gobierno federal es mayor en 51.4% a la que se tendría con el esquema solidario de 2007. Le deberían de preguntar a los maestros que ganan hasta $17,364 (que es lo que perciben alrededor del 58% de los maestros que tienen una jornada completa): ¿Qué prefieren una pensión con una tasa de reembolso de 100%, o, una con una tasa de 66%?; pero de lo que se trata es de desestabilizar al país y hacer la revolución. Queda claro.