Entre las prácticas puestas en acción por el gobierno, ha irrumpido la de invitar a incorporar al servicio exterior a gobernadores del PRI que concluyeron su responsabilidad. La generosa oferta se enmarca ya en una tendencia o hábito político, en tanto no se trata de un caso aislado; inició con la propuesta a quien fue gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz; posteriormente de Sonora, Claudia Pavlocich; y de Campeche, Carlos Miguel Aysa González.
Al tratarse de un asunto que se ha extendido, las explicaciones casuísticas o meramente incidentales como la referida a la vocación y experiencia turística del exmandatario sinaloense, o de la Licenciatura en Relaciones Exteriores de la sonorense, o de la candorosa referencia a la edad del campechano, parecen meros distractores, así como parte de una narrativa mal formulada o para ingenuos.
Sorprenden tales decisiones ya que, si bien en el nombramiento del personal diplomático desde hace tiempo existe la costumbre de hacer designaciones para personajes no provenientes del Servicio Exterior de Carrera, también es cierto que éstos han recaído en escritores, humanistas o en políticos inscritos en el partido o corriente ideológica que encabeza el gobierno en cuestión.
Pero el hecho de que se establezca una tendencia para que gobernadores provenientes de un partido opositor reciban ofertas a fin de ser designados en la representación exterior de México, resulta inédito. Más llamativo lo es si se considera que tales invitaciones han recaído en extitulares de gobiernos locales que recién finalizaron su encargo y en donde triunfó el partido en el gobierno, sucediendo entonces la derrota de la fuerza política a la que ellos pertenecían.
La suspicacia es natural respecto de plantear una posible connivencia hacia que la derrota del PRI sucediera y, por consecuencia, la correspondencia que se cumple a la manera de una recompensa, que premia a quienes fueron identificados como primeros priístas en sus estados; el estímulo o premiación es una explicación al inusual hecho y, en su caso, deja cumplidos los compromisos. Pero para los priistas de los estados en cuestión el hecho es degradante pues exhibe a quienes ejercieron el liderazgo en sus entidades como personas ágiles en el acomodo político y débiles en los principios e identidad que dijeron encabezar. Desde luego que el gobierno conoce de las lecturas que desata su determinación y es de suponerse que las asume con agrado.
En efecto, los gobernadores que han llegado al cargo a través del PRI desempañan un papel fundamental como cabezas de su partido en dichas entidades, pues son quienes postulan y emprenden un programa que se inspira en las definiciones y orientaciones partidistas; es decir que ejercen un liderazgo indiscutido entre los propios priístas. Esa narrativa cae en profundo descrédito si, además de la crisis que implica toda derrota electoral, se le suma que quien encabezó el proyecto de gobierno se incorpora a tareas que encabeza otra tendencia política.
Dentro del PRI la idea es incentivar la identidad de los militantes con su partido y ser crítico frente a quienes asumen la mudanza en su participación política a partir de aceptar cargos en gobiernos encabezados por otras fuerzas políticas; de ahí que en sus estatutos, el PRI haya señalado que quienes desean colaborar con gobiernos emanados de otros partidos y con los cuales no se ha celebrado convenio de coalición, deben solicitar permiso ante el Consejo Político nacional, quien concederá o no permiso para ello.
Lo anterior quiere decir que el PRI no está de acuerdo en ser mero objeto de consumo, al cual se puede arrojar o despojarse una vez que ya no conviene a los intereses personales, de modo que omitir la solicitud de permiso en cuestión implica que la persona involucrada pierde su militancia al aceptar el cargo que le fue ofertado. Los gobernadores del PRI juegan un papel fundamental junto con la dirigencia nacional en la cohesión del partido, especialmente en el caso de ser oposición; de ahí que la estabilidad del PRI cuando éste ha estado fuera del gobierno ha corrido de la mano de los acuerdos entre ambos.
No hay duda que la invitación a exgobernadores del PRI que recientemente terminaron su encargo, y que se supone asumirán funciones en el servicio exterior o estarán nominados para hacerlo, y que no gestionaron previamente la obtención de una suspensión de su condición de militantes, infringe una especie de daño moral al partido al que pertenecieron, pero tal hecho no ocurre solo, pues tiene dos protagonistas: el gobierno oferente y quienes reciben y cobijan la oferta, sin más; en un caso se muestra un PRI acosado, en el otro un PRI traicionado.