La libertad de expresión se encuentra bajo asedio, no es nuevo y lo más pernicioso no viene propiamente de la política nacional, sino de acciones delictivas en el ámbito local, con frecuencia tienen como origen la corrupción en el ámbito municipal y estatal. El periodismo desde hace tiempo se ha vuelto una actividad de alto riesgo, más para fotógrafos, periodistas digitales y reporteros en el espacio local, aunque no se pueden ignorar el atentado contra Ciro Gómez Leyva o la amenaza contra Azucena Uresti, ambos líderes en la radio nacional. Las autoridades nacionales han sido reconvenidas desde por organizaciones internacionales y el parlamento europeo por su postura agresiva a los periodistas, especialmente por la violencia y la inseguridad que prevalece. A los del régimen no les importa.
Todo gobierno resiente la crítica o el escrutinio de los medios de comunicación. Como ninguno, el de López Obrador, quien se autodeclaró el presidente más criticado por los medios de comunicación, según él, porque eliminó los recursos sobre y debajo de la mesa que daban a medios y a periodistas. Es discutible que el tabasqueño haya sido el presidente más atacado; en realidad, los medios con mayor presencia han sido generosos con el obradorismo, particularmente en la cobertura informativa al reproducir su prédica mañanera. Casi todos los espacios de deliberación o análisis grupal se han “equilibrado”, mientras que buena parte de la prensa ha transitado a la autocensura o de plano, depuran sus secciones editoriales a manera de obedecer o complacer al gobierno.
López Obrador se propuso controlar la información y el debate público en los medios, en buena parte con éxito. Muchas de las empresas de medios son parte de negocios más amplios y diversos; en no pocas ocasiones requieren del favor oficial. Es difícil para cualquiera no someterse al gobierno, porque saben bien las acciones que se pueden emprender, desde auditorias fiscales con propósitos de intimidación o la divulgación de datos privados protegidos, con afectación a personas y negocios.
Llama la atención la piel delgada de quienes han hecho de la calumnia y el insulto práctica normal en su relación con el periodismo independiente. López Obrador y todavía más la presidenta Sheinbaum refieren de manera despectiva y con regularidad noticias, información y hasta opiniones no favorables. Se ha perdido ese sentido de respeto y distancia que permite contener las pulsiones represivas de quienes detentan el poder. La postura facciosa no sólo se presenta en la política, también está presente en la relación del poder con los medios de comunicación. El obradorismo no distingue al mensajero del mensaje que la misma realidad presenta. Aun así, la libertad de expresión da para equivocarse, incluso ser injusto respecto a quien detenta el poder, así es en toda sociedad libre y abierta. En una democracia la mejor prueba de su degradación es la postura hostil del poder público a los medios.
Preocupante que la intolerancia y la represión cobre cada vez más fuerza. En este gobierno se ha utilizado la encomiable figura de proteger a la mujer de la violencia política con decisiones de justicia electoral como recurso para reprimir y no rendir cuentas sobre sus faltas. No sólo se está aplicando a medios y periodistas profesionales, también a quienes hacen uso de redes sociales. El problema es que este nuevo recurso no sólo castiga, más que todo, intimida. Las empresas de medios y hasta los periodistas se autocensuran para no ser parte de un litigio costoso; todavía peor, ser condenado por una sentencia humillante y, eventualmente, onerosa. El caso de Héctor de Mauleón y El Universal es precedente.
El país ha ingresado a una circunstancia inédita por la impunidad galopante, que cobra expresiones insultantes. Los operativos contra los narcos o alcaldes coludidos con criminales no plantean con claridad un curso de la justicia. El problema es generalizado y en la medida en que casos tan evidentes como el del gobernador de Sinaloa sean objeto de ostensible protección política propicia que, desde el exterior, con las prioridades e intereses del gobierno extranjero, sus tribunales y modos de impartir justicia se impongan porque, de tiempo atrás, la justicia dejó de existir desde que se sometió al interés del régimen.
Se ha llegado a una situación límite. Es natural que autoridades, las élites y buena parte de la sociedad se refugien en la negación. Lamentablemente para el país, la realidad se impone; cuestión de tiempo para que a costo elevado se pague la ausencia de un sistema de justicia que salvaguarde las libertades.