Distintas datos muestran que no se vive un proceso de disminución sobre la percepción de la corrupción como, por ejemplo, lo que señala la encuesta de índice de percepción que califica Transparencia Internacional con base en mediciones de expertos y empresarios, en donde participa el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, mismo que ubicó a México en el rango 124, para instalarse por arriba de Bolivia, República Dominicana, Paraguay y Rusia, pero por debajo del Salvador, Perú, Panamá, Ecuador, Brasil y Argentina, entre otros países, de conformidad con mediciones del año de 2021
Los hallazgos que se han decantado a través de la prensa, de los informes de la Auditoría Superior de la Federación o de diversas investigaciones, regularmente son controvertidos por el gobierno, mediante la modalidad de hacerlo en la polémica que genera a través del dominio de su propia tribuna, instalado a la manera de supremo tribunal de opinión, y con las ventajas que le otorga las instituciones de la administración que le son subordinadas y de la laxitud que se concede así mismo en el uso de información reservada.
La ecuación que se presenta es que, tratándose de datos u opiniones que establecen críticas al gobierno, la información no vale por sí misma, su veracidad no se debe a los datos que incorpora, sino que pende su certeza de las integridad, verticalidad u honestidad del que emite la información respectiva, de la persona que lo hace o de la institución que lo difunde. Entonces se cae hasta el extremo de que sólo puede criticar el que exhiba cartas de buena conducta y de comportamiento intachable; de no ser así, el opinador crítico queda descalificado.
La fórmula que se emplea es descalificar al que descalifica, de modo que, como dicen los abogados, la litis queda extraviada; lo importante no es el asunto que se plantea y las pruebas de las cuales se podría disponer, sino la solvencia de quien se atreve a opinar, de modo que se introduce el debate en una lucha política y por ganar la hegemonía en la legitimación del poder público, sin que al final sea importante la crítica establecida y el examen sobre los méritos que se tuvo para impugnar un asunto.
Por tanto, se intercambia la fuerza de una opinión, por el examen de la pureza de quien la emite; es decir que se sustituye lo segundo por lo primero, desparece entonces el debate y se instala, en su lugar, un lodazal que se genera de los hallazgos en las biografías de los personajes involucrados, y de lo que es posible condenar de las actitudes, comportamientos, desempeño fiscal, ingresos, deudas, patrimonio, etc. En tanto aparezca una nube en ese paisaje, se nubla y distorsiona el debate.
Parece paradójico recordar ahora lo señalado en la parte de Presentación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, cuando hace una crítica del pasado y se menciona que “…la opacidad y el encubrimiento fueron bautizados como confidencialidad, información reservada (…) y la corrupción fue denominada licitación o adjudicación directa …”, vale preguntar ¿y ahora quién reserva con fruición los datos de las obras públicas? ¿hay o no una política de opacidad por parte del gobierno? ¿quién usa y abusa ahora de las adjudicaciones directas?
La intimidación a los críticos debilita el debate, incluso induce a advertir que ejercer la crítica resulta peligroso, y no es una mera suposición o inferencia, pues los datos de los periodistas asesinados son brutales, al grado que se convierte en una profesión peligrosa, y no lo es por la actividad profesional en sí misma, sino por lo que se diga; se implanta entonces una mordaza, se inhibe por esa otra vía la libertad de prensa: dos puntas filosas amenazan a la emisión de críticas, una es la feroz interpelación del gobierno con su poderío ante señalamientos que lo impugnan; la otra es el riesgo de recibir amenazas y poner en riesgo la vida en manos de la delincuencia organizada.
La crítica subordina así su valor, se encuentra sometida; por otra parte, pretender incorporarla en la pugna ideológica ¿a qué intereses sirven las opiniones emitidas?, o se está a favor o se asume una posición en contra del gobierno; en tal óptica, nuevamente la crítica y el peso de los argumentos que aporta, pierden valor en sí mismos; ya no es lo que se dice y documenta, sino si apoyan o no a los conservadores, a los neoliberales, o a las tesis o acciones del gobierno; se está en un lado o en otro, aunque no se pertenezca a ninguno de esos bandos.
Se implanta un proceso o un mensaje que parece decir a los críticos, primero tener cartas de buena conducta; segundo pensar a quién sirve lo que se dice, pues lo que se opina e informa no tiene valor propio, lo asumen otros en el debate ideológico o de intereses; de esa forma el crítico al gobierno es, necesariamente, reaccionario.