Más allá de las teorías conspiratorias que han comenzado a girar en torno al trágico evento sucedido el pasado sábado en el estadio La Corregidora de Querétaro, en el que hubo decenas de lesionados y varios heridos de gravedad, los hechos que todos hemos podido observar, han dejado muy en claro los grandes contrastes que existen entre la forma de gobernar por parte de las autoridades federales y las de esta entidad.
Sin exentarlo de toda responsabilidad, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, ha dado un paso al frente y ha puesto la cara para poder castigar a los responsables, y tomar medidas correctivas que eviten que este tipo de sucesos se vuelvan a repetir en el futuro.
Más allá de las investigaciones que la Fiscalía estatal ha comenzado para dar con los agresores materiales y las causas del incidente, la autoridad estatal también anunció la suspensión e investigación de diferentes funcionarios públicos quienes fallaron en su encomienda, al no implementar un operativo eficiente que pudiera parar de tajo las agresiones que un puñado de desadaptados cometieron en contra de decenas de aficionados visitantes.
El gobernador suspendió su gira programada y se apersonó en el hospital donde estaban atendiendo a las víctimas, encabezó reuniones de emergencia para la atención del problema, y ha mantenido una comunicación constante con la ciudadanía informando a través de sus redes sociales las últimas actualizaciones del caso.
Por supuesto que el tema esta lejos de terminar, y serán las investigaciones las que determinen el nivel de complicidad que hubo tanto de autoridades, grupos criminales, y pseudo aficionados pertenecientes a esta barra; pero en el inter, el gobierno estatal ha salido a reconocer las fallas, para poder tomar las medidas correctivas necesarias.
En cambio, desde el gobierno federal, la estrategia sigue siendo la del “yo no fui”, la de la repartición de culpas hacia el pasado, la de la negación y la de la total impunidad.
A la grave crisis de seguridad que se ve reflejada en todos los indicadores oficiales, y que muestran un aumento en los homicidios y otros tipos de delitos; el presidente en lugar de cesar a su secretario de Seguridad Pública, lo premió con la gubernatura de Sonora. Ante el escándalo por el imperio inmobiliario de la familia Bartlett y la adjudicación de contratos amañados a las empresas de sus hijos, el presidente premia al ex priista con el impulso a la Reforma Eléctrica. Ante los audios del fiscal Gertz Manero, en el que se exhibe su intromisión en la SCJN para atender sus vendettas personales, el presidente responde con un espaldarazo al funcionario.
Para el gobierno federal, nada de lo que hagan esta mal, ningún funcionario comete delitos ni errores; hagan de cuenta que son divinidades. Claro, todo lo que sucede sigue siendo culpa del periodo neoliberal, sin importar que estos tan criticados funcionarios, provengan precisamente de ese periodo que tanto les gusta denostar.
Es la falta de congruencia, de autocrítica, de humildad, y sobre todo de sensatez, la que provoca estos grandes contrastes en la manera en que cada gobierno atiende sus propias crisis. No es una opinión, son hechos.