Si algo hay que reconocerle por estos días al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es su valentía -o falta de vergüenza- para presentarse ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, para hablar de la estrategia de México en el combate a la corrupción y la desigualdad, siendo que de acuerdo con el más reciente ranking de The World Justice Project, nuestro país es el quinto peor del mundo en materia de corrupción, incluso superando los índices registrados en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto -lo que ya es mucho decir-, sin contar que el número de mexicanos en situación de pobreza pasó de 51.9 millones a 55.7 millones, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), y más de 10.8 millones de personas viven en pobreza extrema, al pasar de 7 por ciento a 8.5 por ciento en lo que va del actual Gobierno.
En su Índice de Estado de Derecho 2021, The World Justice Proyect ubicó a México en el ranking de Ausencia de Corrupción en el lugar 135 de 139 naciones evaluadas, con una calificación de 0.26 en una escala de 0 al 1, donde el 1 es la mejor nota. Solo Uganda, Camerún, Camboya y República Democrática del Congo, se encuentran en peor estado de corrupción que nuestro país.
La baja nota de México en esta materia se debe principalmente a la calificación que reciben los legisladores, de 0.10, mientras que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial tienen 0.31 y la Policía y el Ejército alcanzan 0.33.
El ranking de Ausencia de Corrupción es uno de los componentes del Índice de Estado de Derecho, en este, México recibe una evaluación de 0.43, lo que lo ubica en el lugar 113 de 139, un sitio menos que el año pasado, al igual que una décima menos.
En otros rubros considerados por The World Justice Project, México también se ubica al fondo de los rankings de Orden y Seguridad, con una nota de 0.53 y el lugar 130 de 139; Justicia Civil, con 0.37 y el sitio 131, y Justicia Criminal, con 0.29 y el puesto 129. (Forbes 18/10/21).
Con estos números, López Obrador estará este día en la sede de las Naciones Unidas para conducir, en su calidad de presidente el Consejo de Seguridad durante noviembre, un debate abierto de alto nivel bajo el tema “Mantenimiento de la paz y seguridad internacionales: exclusión, desigualdad y conflicto”.
“México ya es ejemplo ante el mundo porque sí funciona nuestro modelo y es muy sencillo de aplicar, por eso voy a la ONU: Es cero corrupción, cero impunidad, honestidad y combate a la desigualdad social”, presumió Andrés Manuel hace algunos días.
El presidente se jacta de un acertado esquema de combate a la corrupción en su Gobierno, pero, ¿cómo se explican algunos actos de inmundicia, suciedad y desparpajo tolerado por él mismo a sus familiares y amigos, registrados en sus tres años de Gobierno? de los cuales el periodista Manuel Díaz hizo un recuento es su columna intitulada “Corrupción: Al mundo no lo engañará”.
“Los datos no mienten: Al cierre de 2020, el porcentaje de contratos entregados mediante adjudicación directa llegó al 80.3 por ciento y los recursos públicos entregados mediante ese mecanismo alcanzaron la cifra histórica de 189 mil 488 millones de pesos. Según señala la Ley, esa figura debería ser la excepción y no la regla, precisamente para reforzar la lucha contra la corrupción y el derroche de recursos”.
Para completar el tema de compras gubernamentales, de manera discrecional y sin rendir cuentas, está la figura de compra por invitación restringida, aplicado en 7 mil 549 contratos, es decir, el 5.5 por ciento del total.
El exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, denunció:
“Me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés”
Víctor Manuel Toledo, exsecretario de Medio Ambiente, renunció después de denunciar que el jefe de la Oficina de Presidencia, Alfonso Romo, y al secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, de bloquear proyectos ambientales y de transición energética, así como de enfocarse en los agronegocios y estar en contra de la agroecología.
Jaime Cárdenas, exdirector del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado renunció tras denunciar diversos actos de corrupción como “irregularidades administrativas, procedimiento de valuación que no garantizan los principios del artículo 134 constitucional, mutilación de joyas y conductas de servidores públicos contrarias a las normas”. Cárdenas además denunció al particular de AMLO, Alejandro Esquer, de encabezar la corrupción en el INADEP.
Javier Jiménez Espriú, ex secretario de Comunicaciones y Transportes, renunció luego de que se supo que la empresa de su familia, IDESA, era socia de la empresa Brasken-Odebrebecht en la planta de Etileno XXI, empresas a las que por cierto, aún les siguen otorgando contratos.
Aunque por ley se encuentran obligados, otros importantes funcionarios no declararon sus bienes ante la SFP. Manuel Barltett, no declaró 23 inmuebles y 12 empresas; Olga Sánchez Cordero un departamento en Miami; Julio Scherer, un departamento en Nueva York; Irma Eréndira Sandoval no declaró el valor de sus propiedades, aunque una de ellas asciende a más de 60 millones de pesos; Javier Jiménez Espriú no declaró departamento en Houston, Texas, ni su empresa Houston RelaisReal Estate Inc.
Se sabe también de negociaciones con empresas fantasmas, compra de pipas que nunca se entregaron, otorgamiento de contrato a familiares de AMLO.
Los contratos del IMSS con el hermano de su director, Zoé Robledo y la compra de ventiladores a sobre precio al hijo de Manuel Bartlett. En la Conade, Ana Gabriela Guevara fue denunciada por irregularidades en el manejo de los recursos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento.
Rocío Nahle entregó un contrato directo a su “compadre” para acondicionar los terrenos de Dos Bocas y los problemas ya los estamos viendo con paros laborales y manifestaciones que ya costaron la vida de un trabajador.
Manuel Bartlett entregó un multimillonario contrato a Raúl Salinas, director adjunto de IUSA de Carlos Peralta, para más del 80 por ciento de los medidores de la CFE.
Pio y Martín López Obrador aparecen en un video recibiendo efectivo de David León Romero, exdirector de Protección Civil y quien por poco se convertiría en el zar de las medicinas”.
Y el asunto no termina ahí, pues habría que agregar lo ocurrido el fin de semana pasado. El escándalo propiciado por la ya ex secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Sara Paola Galico Félix Díaz, quien se vio obligada a renunciar al cargo luego que trascendiera viajó en un avión privado a Guatemala con personas a las que se les descubrió no haber declarado la posesión de 35 mil dólares en efectivo, además de que uno de los acompañantes resultó ser un productor teatral al que días antes entregó por asignación directa un contrato para la realización del desfile del Día de Muertos por más de 15 millones de pesos.
Pero el alboroto fue mayor cuando quedó al descubierto que la ex funcionaria se encontraba en Guatemala para participar en la unión matrimonial del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal, Santiago Nieto, con la consejera del INE, Carla Humphrey, quienes habrían planeado una boda fuera del alcance de los medios de comunicación nacionales e incluso presuntamente haciendo firmar a los invitados acuerdos de confidencialidad para que evitasen difundir detalles del evento.
Y en medio de todo este contexto, López Obrador hablará ante las Naciones Unidas de cómo su Gobierno combate a la corrupción.
¿Con qué cara Andrés?