Más problemas que soluciones se anticipan ante la más reciente ocurrencia del presidente AMLO que, al rescatar a una empresa en quiebra de nuevo ha traicionado su palabra, siendo que durante la etapa más crítica de la pandemia bateó a dueños y emprendedores rechazando cualquier rescate a empresas por parte de su gobierno, y ahora, quién sabe con qué oscuros intereses se ha decantado por invertir miles de millones de pesos de los mexicanos para salvar a una empresa china que ni siquiera se está comprometiendo a cumplir al 100 por ciento las expectativas de “llevar internet para todos”. Aunado a lo anterior, especialistas advierten nuevos encontronazos con empresas de Estados Unidos y Canadá que pondrán en riesgo el T-MEC de forma muy similar a como ocurrió con el tema de la fracasada Reforma Energética; sin menoscabo de que otras voces también lanzan llamados de alerta para anticipar del riesgo que representaría que el Estado, a través de empresas comparsas, controle a su antojo el internet en el país, sobre todo cuanto se conocen experiencias de lo que ha sucedido en países (dictaduras) donde el gobierno tiene bajo su égida el control total del servicio y puede oprimir el botón para apagarlo y desconectar a la población del resto del mundo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció la semana pasada que firmó un acuerdo para adquirir la mayor parte de las acciones de la empresa de telecomunicaciones Altán Redes, encargada del proyecto de red compartida, a fin de continuar con su proyecto de conectividad, a través del cual busca llevar internet a sitios rurales.

Además dijo que con la aportación de capital, la empresa pasa a ser directamente del Estado mexicano, y afirmó que los recursos saldrán de “ahorros” -información que sería detallada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pero que aún se desconoce-.

Altán Redes fue una gran apuesta en el gobierno de Peña Nieto

Altán Redes fue una de las grandes apuestas en materia de conectividad de la administración de Enrique Peña Nieto. En 2016 ganó la licitación para adjudicarse un contrato con el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel) para instalar la banda de 700 MHz a través de un arrendamiento.

Para que el proyecto de la Red Compartida pudiera operar requirió de convenios con las grandes empresas de telecomunicaciones y tecnológicas, algunas de ellas son: Huawei, AT&T, Megacable, Axtel, Nokia, AT&T, American Tower, entre otras.

Altán Redes solo puede dar servicios mayoristas, es decir, que se limita a ofertar su infraestructura a empresas como los Operadores Móviles Virtuales (OMV), Telefónica o de tecnología para que estas puedan brindar conectividad a los usuarios finales.

Esta compañía planeaba que sus principales fuentes de efectivo fueran el financiamiento y los clientes. Pero desde 2018, cuando inició la operación de la Red Compartida, hasta la fecha no ha logrado una estabilidad financiera que le permita echar a andar su proyecto. Esto porque su modelo operativo la ciñe a ser una red mayorista, lo que significa que solo puede ofertar servicios a operadores, como los Operadores Móviles Virtuales (OMV) tales como Izzi Móvl, Bait, YoTelco+, Telgen, entre otros.

Desde la llegada de Virgin Mobile al mercado móvil en 2013, empezaron a proliferar empresas conocidas como Operadores Móviles Virtuales (OMV), los cuales no cuentan con infraestructura propia pero pueden arrendarla para dar servicios de conectividad. Estas compañías son en su conjunto uno de los grandes clientes de Altán.

Sin embargo, la llegada de COVID-19 afectó a muchas empresas entre ellas a Altán. La crisis provocada por la pandemia causó que en 2020 Altán entrara en un déficit de ingresos de 58,000 millones de pesos debido a que algunas de las compañías que querían utilizar su red demoraron la suscripción de contratos, así como el lanzamiento de ofertas de mercado.

La semana pasada, Altán Redes reconoció una deuda que asciende a 30,025 millones de pesos, cuyo monto total se deriva de acreedores prioritarios; bajo la figura de garantía real prendaria; comunes; y subordinados, de acuerdo con el documento de sentencia de reconocimiento de créditos.

Los acreedores prioritarios para Altán son: Axtel, Morgan Stanley, Isla Guadalupe Investements, Megacable, Hansam, China México Found (CMF), los cuales son accionistas de la empresa encargada de la Red Compartida y cuya deuda total asciende a 1,071 millones de pesos.

En mayo de 2020, luego de que empresarios le presentaran un plan de apoyo para enfrentar las afectaciones sufridas a causa de la pandemia, López Obrador, rechazo categóricamente a los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Afirmó que si los grandes empresarios estaban en crisis y se enfrentaban a la quiebra, eran ellos los que deberían asumir los costos y no el pueblo.

“Si va a ver una quiebra de una empresa, que sea el empresario el que asuma la responsabilidad o los socios o accionistas”, puntualizó.

“Con todo respeto, nosotros no vamos a continuar con más de lo mismo, no van a haber rescates para los potentados”, afirmó López Obrador en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

¿Por qué AMLO inició el rescate de Altán Redes?

Dos años después de aquella firme e insensible postura, AMLO anuncia una inyección de más de 3 mil millones de pesos a una empresa de un millonario, y que según se sabe ni siquiera es mexicano.

¿Qué cambió entonces? ¿Qué oscuro acuerdo o negociación se esconde tras este sorpresivo rescate que ha llevado nuevamente al presidente a traicionar su palabra?

Para no pocos, esta acción del titular del Ejecutivo les ha recordado al Fobaproa que el propio AMLO tanto criticó y tanta raja político le redituó. Otros consideran que este proceder es peor aún, dado que en el Fobaproa, se rescataron los ahorros de los mexicanos y los accionistas perdieron todo, mientras que aquí se mantienen los socios.

Igual de preocupantes resultan las voces de especialistas quienes señalan que esta acción del gobierno federal podría violar los tratados comerciales internacionales y distorsionar el mercado.

Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), indicó que la administración mexicana incurriría en una vulneración del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y “consecuentemente, todos los tratados que tenemos en materia de protección a la inversión”.

Advirtió que el gobierno podría intentar forzar a los organismos federales y estatales a contratar los servicios de Atlán para que sea rentable, lo que dejaría nulos los contratos con operadores privados y distorsionaría la competencia.

“Nos va a pasar más o menos lo mismo que está pasando en el sector energético: Va a haber muchos arbitrajes internacionales”, señaló.

“Nunca vamos a llegar a esa promesa tonta de internet gratuita para 100% de los mexicanos”, aseguró Soria, que agregó que la inversión debe ir a otras prioridades que realmente reduzcan la brecha digital.

En marzo, IFT amplió el plazo de los compromisos de cobertura de Altán. Como parte de la prórroga, el regulador determinó que el consorcio debe dar cobertura a por lo menos el 70% de la población para el 30 de noviembre, mientras que el hito de 92,2% se postergó de 2024 a enero de 2028.

Otra advertencia ha llegado procedente de Cuba, los isleños están alertando sobre el riesgo de que el Estado mexicano tenga a su cargo el servicio de internet total, remitiéndose a lo sucedido durante las protestas masivas de julio, las mayores en más de medio siglo, cuando las redes sociales jugaron un papel clave a la hora de organizar y expandir las manifestaciones, pero poco después el internet “se cerró” de golpe.

El gobierno cubano publicó un extenso documento en el que tildaba de “ciberterrorismo” la convocatoria de protestas a través de las redes y de “difamación”, la publicación de mensajes que consideraba ofensivos.

Mientras las autoridades trataban de contener manifestaciones masivas, los activistas usaban las redes para convocar a más gente y publicar videos en vivo de multitudes en las calles, alentando la protesta.

Horas más tarde, el gobierno impidió el acceso a internet en toda la isla con un apagón total. Tumbaron el servicio por completo y no había manera de conectarse, el servicio eventualmente fue restablecido a las 72 horas, pero sin acceso a las redes sociales.

El asunto es que el presidente AMLO aparentemente está procurando cumplir aquella promesa de “internet para todos”. Pero definitivamente quedan muchas preguntas por responder, nuevamente se maneja con opacidad, traiciona sus dichos, falta a su palabra, y lo que es peor, dispone de los ahorros de los mexicanos para rescatar o adquirir una empresa que se desconoce si logrará ser redituable y que desde ahora luce más como un problema que una solución.

Salvador Cosío Gaona: @salvadorcosio1

Correo electrónico: Opinión.salcosga@hotmail.com