Extraña coincidencia sobre una apreciación del estado de la libertad de expresión. La presidenta Sheinbaum afirma que la libertad existe, –en su opinión–, como nunca se puede criticar al gobierno; Ciro Gómez Leyva habla de un verano venturoso por el escrutinio crítico al poder; Aguilar Camín coincide. Los tres hablan en planos diferentes; la presidenta remite a esta valoración a manera de convalidar al régimen ante el señalamiento de autoritarismo, Ciro remite al día a día, lo que ocurre en la circunstancia que es lo que a él ocupa y preocupa; algo semejante convalida Héctor Aguilar Camín.
Sin duda, positivo el curso de los acontecimientos recientes en una parte importante del periodismo; sin embargo, el optimismo debe ponderarse a partir de tres asuntos básicos: la calidad y cobertura informativa de la actividad del gobierno, la situación del debate público sobre los temas primordiales y la seguridad jurídica de los profesionales y las empresas del periodismo.
A partir del último aspecto, el periodismo enfrenta uno de sus peores momentos si se considera lo fundamental, el ataque a la vida de los periodistas. Los números del régimen son desastrosos. Según Artículo 19, en el obradorismo han sido asesinados 54 comunicadores; 7 en este gobierno. Los ataques se dirigen, sobre todo, a quienes están en la cobertura de la corrupción y el narcotráfico y casi siempre prevalece la impunidad; esto hace del periodismo en México una actividad de alto riesgo. En estudios comparativos se vive un virtual estado de guerra civil.
Un capítulo aparte remite a los casos recientes de ataque franco, abierto y pernicioso a la libertad de expresión por la vía judicial. Una figura encomiable como la sanción a la violencia política de género, ha sido tergiversada por el régimen político para sancionar a periodistas y empresas mediante resoluciones judiciales locales y federales, particularmente, del Tribunal Electoral. Con severidad se castiga tareas normales de opinión e investigación periodística, caso paradigmático el de Héctor de Mauleón y El Universal. En el país de la impunidad, sanción desproporcionada a periodistas y particulares por el ejercicio de su libertad de expresión. Cabe destacar que la sanción no sólo afecta al periodista aludido, sino que tiene un efecto inhibitorio hacia los demás por lo que significa la defensa legal y el desenlace adverso.
La certeza de derechos de empresas y periodistas debe enfocarse en su integridad. La amenaza o ataque por el régimen es recurrente y también por el crimen. En el ámbito nacional, los casos del mismo Gómez Leyva o de Azucena Uresti; pero en el ámbito local es todavía más grave. El estado de indefensión de comunicadores ha llevado a muchos al silencio, por las amenazas cumplidas a otros tantos. El periodismo se procesa a través de variadas empresas que prefieren estar en buenos términos con quien intimida o castiga. Autocensura, la marca del régimen. Las líneas editoriales se definen no por el auditorio o el mercado, sino por la afinidad con el poder.
En estas condiciones, no sorprende que el debate público y el escrutinio sea muy estrecho o coyuntural, como ha sido este verano. Igual puede afirmarse sobre la calidad de la cobertura informativa, determinante para la formación de la opinión pública desde los espacios de opinión periodística. Por una parte, el segmento informativo reproduce la propaganda oficialista; por la otra, la opinión se estrecha a ciertos medios, algunos de mucha influencia en la radio, la prensa y el ámbito digital. El balance del debate público es de dados cargados y, en el plano informativo, abrumadoramente a favor del régimen.
La presidenta se refiere a la libertad de expresión que existe en los medios de comunicación y su afirmación se convalida con el quehacer en muchos medios; el trabajo periodístico cotidiano de Gómez Leyva y Aguilar Camín lo convalida, a pesar de que ambos padecieron un furioso ataque del presidente López Obrador. Ahora las cosas son diferentes en la forma, pero no en la sustancia. Persiste la consideración de que ellos y la crítica en medios los hace parte de la oposición, de los adversarios que en condiciones normales no significaría gran cosa, pero sí para un régimen político que declara la guerra al opositor.
Las expresiones de Gómez Leyva y Aguilar Camín, a diferencia de las de la presidenta Sheinbaum, llevan a pensar que el país ha transitado hacia una dictablanda o régimen que respecto a la libertad de expresión aprieta, pero no ahoga. Tema no menor porque en ciertas coyunturas, como las de este verano, dan vigor y cauce a una actividad esencial en una sociedad libre y abierta.