Es cierto que luego de los sucesos del año 68 en México, a muchas autoridades les da pavor usar una potestad que es inherente y exclusiva de cualquier Estado: la fuerza pública. No se tiene, por ejemplo, como en todos los países, cuerpos antimotines con equipo especializado, como balas de goma o camiones para disuadir mediante agua a presión.
En los dos últimos sexenios y en un afán enfermizo por diferenciarse de pasados gobiernos, se ha permitido cualquier cantidad de ilícitos de todo tipo y dimensión.
En las recientes marchas por el 2 de octubre en la CDMX, unos grupos de encapuchados llamados “bloques negros” se dedicaron (como cada 8 de marzo, por ejemplo) a destruir todo a su paso: comercios, monumentos, vitrinas y, por si fuera poco, a golpear salvajemente a policías, quemándolos incluso, por lo que varios tuvieron que ser atendidos en hospitales con heridas de importancia.
¿Qué puede pensar y sentir un policía que se ve de pronto indefenso, inútil en sus obligaciones y funciones por miedo a perder su empleo? ¿Ante una criminal orden del gobierno de “primero déjense matar, antes que cumplir con su función primordial”? Y no es difícil que, ante además el tema económico, diga, “me voy a chambear con los malos, mejor”.
Precedentes de una total impunidad se acumulan: un expresidente, Felipe Calderón (que es un hecho, es un criminal, pero que se pasea burlándose de la nación entera), tiene la desfachatez de opinar a diario cuando su sexenio ha sido el peor desde el primero, el del general Cárdenas. Se cacarea el caso García Luna, cuando en México jamás se le molestó tampoco, es más, continuó recibiendo contratos, vía sus empresas, por parte del Estado mexicano; se aplicó la justicia extranjera (Estados Unidos) mas nunca la mexicana, cuyo gobierno tanto ha capitalizado el caso.
Ahora está el caso del “Calderón de la 4T”, que es el senador Adán Augusto López Hernández, quien asiste a las sesiones del Congreso a echar desmadre, a dormir y a ver el futbol en su lap top, burlándose del gobierno federal, del de Tabasco y también de absolutamente todos los mexicanos.
Veamos un símil, al entonces también senador Jorge Díaz Serrano, en el sexenio 1982-1988 se le encontraron ilícitos en la adquisición por parte de Pemex de dos buques cisterna, empresa que dirigió en el anterior sexenio, y por lo cual se le retiró el fuero y se le procesó penalmente, estando en una cárcel por varios años, a pesar de que sus faltas eran mucho menos graves que las felonías del gobierno de Adán Augusto en Tabasco. Por supuesto que él se burla, sabiendo bien, no de su fuero (ese se retira, en dado caso), sino que como titular de Segob en el gobierno pasado, seguro sustrajo cualquier cantidad de información comprometedora de senda cantidad de actores políticos mexicanos, a manera de “seguro de vida”.
Se siguen pues, acumulando precedentes de impunidad a todos niveles, hecho que permea a toda la sociedad. Un gobierno que aplica la justicia a conveniencia política de su signo y color, no merece llamarse así, gobierno.