Los acontecimientos económicos suscitados en el último quinquenio, sin duda, serán un factor determinante en el rumbo que tomen las decisiones económicas en los próximos años. Los cambios han sido significativos y dan un marco de referencia benigno en torno a la política económica que puede adoptar nuestro país.

El mundo es heterogéneo y México se encuentra en una posición afortunada. Lejos se está de la Argentina, cuyo arraigado populismo le impidió adoptar las reformas económicas que eran necesarias desde hace un buen tiempo para superar sus continuos baches de déficits y deuda. Ahora parece ser que a Argentina sólo le queda adoptar las recetas amargas que la llevarán a un inevitable shock económico, tal como periódicamente nos aconteció en los últimos 20 años del siglo pasado. Las comparaciones son odiosas pero inevitables, México actualmente se encuentra en un periodo de auge y prosperidad, Argentina cerca de la quiebra. He ahí el contraste.

Los últimos datos económicos en México y en Estados Unidos parecen, efectivamente, confirmar cambios importantes en lo que se concibe como el comportamiento habitual de una economía. A partir del ensayo de William Phillips, publicado en 1958, se determinó que existe una relación inversamente proporcional entre el empleo y la inflación. La curva de Phillips que compila una serie estadística sobre la inflación y el empleo durante un periodo de 96 años (de 1861 a 1957) en el Reino Unido, lleva a concluir que la posibilidad de mantener un equilibrio ideal por largo tiempo es insostenible; de modo que sólo queda por optar en un momento determinado por el empleo o por la estabilidad de precios. En términos prácticos significa que para abatir la inflación se debe renunciar al crecimiento económico; lo que conlleva a la necesidad de instrumentar políticas contractiva que ajusten hacia la baja los niveles de empleo.

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Se estaría en una imprecisión si se considerara que el sesgo en la curva de Phillips fuese un fenómeno reciente. Esta se empezó a mover erróneamente en los años setenta del siglo pasado, cuando convergieron en un mismo punto altos niveles de inflación con significativas tasas de desempleo, lo que comúnmente se llama estanflación. La política fiscal había llegado a un limite porque su expansión no tenía los efectos deseados en materia de crecimiento económico y de empleo, agravando la crisis fiscal de los Estados y ampliando el efecto inflacionario. Tiempo después, en México, descubrimos que tampoco bastaban las políticas restrictivas, más durante el periodo de 1982 a 1988, cuando las estrategias de shock (y la austeridad en el gasto público) no sólo no hicieron descender la inflación; sino que, pese a ello, se siguió moviendo en niveles nunca vistos, hasta llegar a tasas de más de dos dígitos.

Frente a estos entornos indeseables se llegó a la conclusión que se debía modernizar nuestra economía: por una parte, se ampliaron y diversificaron los canales de inversión mediante una mayor apertura comercial; y, por otra parte, se restringió la participación del Estado, limitando su gasto a sus propias posibilidades. Estas reformas se consolidaron en los años noventa de la centuria anterior cuando se impidió el financiamiento directo (emisión monetaria) del Banco de México al gobierno federal y se consideró como básico el mantener un equilibrio en el balance primario; es decir, que el gasto público (excluyendo el costo financiero de la deuda público) no excediese a los ingresos propios, básicamente a la suma monetaria de impuestos y tarifas que nutren a las finanzas públicas. Esta condición la ha mantenido hasta 2023 el actual gobierno, existiendo superávits o en su caso, sólo déficits marginales en el balance primario.

Durante la pandemia, México fue un ejemplo a seguir en torno a su disciplina fiscal, no sin antes distribuir el gasto mediante diferentes apoyos hacia los sectores vulnerables y más necesitados. Para soportar esta derrama de recursos se hizo valer de una mayor justicia fiscal, cobrando adeudos atrasados y eliminando la condonación de impuestos a los altos contribuyentes. Sin duda, una de las medidas más progresivas en la historia fiscal de nuestro país ha sido la reforma al artículo 28 constitucional, mediante la cual se elimina la condonación de impuestos. En Argentina no sucedió eso, su alto nivel de endeudamiento y escaso espacio fiscal conllevó incluso a que se financiaran los gastos y subsidios a través de la fuente más inflacionaria existente: la emisión monetaria.

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Después de 2020, se suscitaron eventos inflacionarios en México que de ningún modo se pueden atribuir a un manejo desordenado en las finanzas públicas o a los costos que entrañan una mayor deuda pública, tal como acontece en la Argentina. El incremento en los precios de los productos de ramas básicas como la de los alimentos y la de los energéticos, aunado a los problemas bélicos que se han suscitado en el orbe, son en esencia lo que explica la evolución indeseable del nivel general en los precios en México y en muchos países del planeta. Aun así, la actuación del gobierno mexicano ha sido efectiva: los estímulos fiscales al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) han permitido contener los precios de las gasolinas y el diésel. Se estima que la inflación general sin esta estrategia hubiera elevado el nivel general de precios en alrededor de cuatro puntos porcentuales; es decir, en lugar de una inflación acumulada de 8% en 2022, se hubiera llegado a una de 12%.

Frente a este escenario adverso, México no ha perdido su impulso inicial y se prevé una tasa de crecimiento económico superior a 3.5% en 2023. Estamos ante un escenario de crecimiento relativamente alto y sostenido, lo que ha llevado casi al pleno empleo, con más de 22 millones de mexicanos en el sector formal y con una tasa de desempleo inferior a 3% de la población económicamente activa (PEA).

La evolución económica suscitada en 2022 y 2023 ha sido trascendente porque ha nutrido la controversia teórica no sólo en México, sino en Estados Unidos. Lo aconsejable, siguiendo la inveterada curva de Phillips, para contener y abatir el índice inflacionario sería reducir el nivel de crecimiento económico hasta llegar a un ajuste en el nivel de empleo que contenga las presiones en el consumo y la demanda. Siguiendo este canon, la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos y el Banco de México han instrumentado una política monetaria restrictiva, llegando en el caso de nuestro país a una tasa de interés de referencia de 11.25%, la más alta experimentada desde su existencia.

Han pasado dos fenómenos, tanto en México como en Estados Unidos, que no abonan a favor de la ortodoxia y que ponen en duda otra vez la vigencia de la curva de Phillips: uno, que la restricción crediticia y monetaria parece tener un menor impacto que el esperado en términos económicos (en Estados Unidos se contemplaba que su economía iba a entrar en recesión en el tercer trimestre de 2023 y por el contrario, crece por arriba de lo esperado, en más de 2%); y dos - más importante aún - de que, pese a la permanencia y el incremento en los niveles de empleo, la tasa inflacionaria ha mostrado descenso. Los efectos expansivos de la política fiscal han superado con creces a los de la política monetaria restrictiva manteniendo los niveles de empleo y sin que se desborde la inflación; lo que hace pensar que la variación en precios poco tiene que ver con un incremento inercial de la demanda.

Algunos han querido ver una flexibilización en la posición del Banco de México, quien ha modificado su perspectiva al cambiar los términos de su discurso; esto es, ya no habla de mantener alta su tasa de interés de referencia “por un largo tiempo”, sino que la va a mantener alta “por un cierto tiempo”; advirtiendo que al reducirla lo hará con cierta gradualidad, lo que creo es correcto. Lo verdaderamente interesante es que la política fiscal no dará un viraje hacia un posición contractiva; es decir, para 2024 no se sacrificará el crecimiento por la estabilidad de precios. Es más, en este contexto expansivo de la demanda, las autoridades hacendarias no prevén una mayor inflación, porque se concibe que el déficit de 1.2% en el balance primario y el endeudamiento de 48.6% en relación con el PIB programados para 2024, resultan manejables.

En Argentina adoptar una estrategia expansiva resultaría una acción casi suicida; por el contrario, requiere contraer aún más su economía debido a que la tasa de inflación anual en octubre de 2023 se situó en 142.7% y su deuda pública que roza el 85% de su PIB supera estructuralmente su capacidad de pago y de generar divisas. Esta situación se agrava por la estructura de su deuda, dado que 64% de su deuda pública se deriva de obligaciones en moneda extranjera y 36% de obligaciones en moneda nacional. Es decir, al país sudamericano no le queda más que sanear su economía, reestructurar su deuda pública y someterse a las condiciones astringentes que recomienda el Fondo Monetario Internacional; todo con el propósito de disminuir los riesgos que inhiben la entrada de capitales y la inversión extranjera directa, así como el proceso inversor de los propios nacionales. Pero hay algo más grave, esta contracción obligada se tiene que dar en medio de una reducción existente ya del PIB, que se estima en 2.5% para 2023. Argentina, sí, se encuentra en el peor de los escenarios, en una estanflación.

El margen inflacionario deseable definido por las autoridades monetarias de México es de 3% más o menos un punto porcentual. Con cierta inflexibilidad hay quien ha abandonado la idea del rango para señalar como tasa objetivo, la de 3% y en ese sentido creen más conveniente acoplar la política fiscal al plano restrictivo de la política monetaria. En su caso, conciben la necesidad de continuar con la estrategia monetaria restrictiva, como una estrategia compensatoria a la expansión del gasto público.

No es de dudarse que una política fiscal expansiva traiga consigo más riesgos inflacionarios. En ningún sentido México podría seguir una política poco prudencial como ha sucedido en Argentina; por eso, sería un error abandonar el principio de tener una tasa de inflación controlable. Tranquiliza el hecho de que en el Paquete Económico para 2024 se prevé una tasa inflacionaria de 3.8%, que se ubica dentro del rango objetivo del Banco de México.

Los economistas y los analistas económicos nos quebramos la cabeza y en no pocas ocasiones tendemos a comparar economías que presentan características antagónicas. Nos preocupa, cierto, lo que existe detrás de una economía con hiperinflación como la Argentina: déficits y deudas publicas incontrolables, reducidos espacios fiscales, devaluaciones continuas y abruptas, tasas de interés elevadísimas, escasa entrada de divisas, poco potencial exportador y balanzas comerciales y de pago deficitarias o endebles, entre otros fenómenos perversos.

Nada de eso está pasando en México y en términos inflacionarios nos interesa que la tasa anual se ubique en el rango admisible del Banco de México. Esa es la discusión de fondo, por eso un nutrido grupo de economistas están más de acuerdo en mantener finanzas públicas impolutamente sanas sobre el objetivo loable de generar más empleos. Lo cierto es que, en las condiciones actuales de descenso y control inflacionario, sólo estamos hablando si acaso de un punto porcentual más sobre la tasa recomendada de 3%, no de la presencia de una tasa inflacionaria desbordada o que tienda a desbordarse como en la Argentina. Ello lleva a plantear una interrogante simple: ¿qué es mejor, una economía cercana al pleno empleo con una tasa de inflación de 4%, o una economía con bajo empleo con una tasa de inflación de 3%? La respuesta la dejo a su criterio.

Los números indican condiciones antagónicas entre Argentina y México: el primer país vive la terrible pesadilla de la estanflación; en tanto que México crece con una inflación a la baja, controlable. Ambos contextos generan otra gran diferencia, el margen de maniobra: al país sudamericano sólo le queda entrar a un proceso de shock para corregir sus graves desequilibrios económicos, fiscales y financieros; México puede impulsar su crecimiento con políticas que hagan aumentar el empleo y el ingreso de su masa social y creando las mejores condiciones para la inversión interna y externa, sin descuidar prudencialmente los equilibrios básicos que posibilitan un desarrollo sustentable.