¿Le gusta el futbol al secretario de Hacienda? ¿El beis? ¿El básquet de la NBA? ¿El Tour de Francia? No hay información sobre las aficiones deportivas de Édgar Amador, economista de la UNAM con maestría en el Colegio de México. Alguna tendrá. Y si no tiene ninguna, vale decir, si es de esos niños extremadamente estudiosos que tan mal caen en la escuela porque, debido a sus profundos pensamientos, les tiene sin cuidado el deporte profesional, al fin persona inteligente entenderá que para un fanático del buen futbol el juego de la Champions League entre el Barcelona y el PSG es infinitamente más interesantes que los discursos políticos, incluido el mensaje que el titular de la SHCP ofrecía con toda clase de cifras —sapientes, pero aburridas— durante su comparecencia en el Senado.

No es criticable, sino todo lo contrario, entonces, que el senador Adán Augusto López haya ignorado la lección de finanzas públicas que impartía Amador para mejor ver el emocionante duelo de la Champions.

Adán demostró inteligencia hedonista, que es la más importante de todas las inteligencias, pues busca maximizar el placer —lo sabía el sabio Epicuro: el placer es el principio y el fin de la vida buena—.

Criticable es que el resto de senadores y senadoras a quienes les apasione el fut no hayan imitado a Adán Augusto. Me dirán que es irresponsable no prestar atención a las comparecencias de integrantes del gabinete presidencial. Pero lo verdaderamente irresponsable, me parece, es insistir en el ejercicio inútil de obligar a comparecer —comparecer, sinónimo de perder el tiempo— a personas con tanto trabajo como el secretario de Hacienda o la encargada de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Se trata de una obligación constitucional, entonces que se reforme la Constitución porque si las comparecencias tenían sentido en la antigua Roma, en México no sirven para nada.

¿Cómo llevar a México a ser la economía número 9 en el mundo?

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En algún lado leí que México puede en 2030 llegar al noveno lugar mundial entre las grandes economías. Hoy la nuestra es la economía número 12. ¿Qué debería pasar para que, cuando termine el sexenio de Claudia Sheinbaum, se logre esa meta?

Las cosas se están haciendo bien. Hay disciplina fiscal, más que en los gobiernos del PRI y del PAN; es un hecho la estabilidad de las finanzas públicas, basada en la austeridad y en que ahora los ricos sí pagan impuestos; se apoya con racionalidad a las empresas públicas estratégicas, Pemex y CFE, pilares del desarrollo; el Plan México es, rara avis en nuestra nación, una estrategia realista para fortalecer la industria nacional y atraer inversión extranjera; se han consolidado los programas sociales, llamados de Bienestar; es exitoso el combate a la pobreza, que no se atendía debidamente en el pasado neoliberal; están en marcha proyectos de infraestructura ferroviaria con pleno sentido económico, como los trenes de pasajeros México-Querétaro y el corredor ferroviario México-Nuevo Laredo, que pasa por Monterrey, San Luis Potosí y Saltillo.

Vamos bien y vamos a ir mejor, suele decir Claudia Sheinbaum. Es verdad. Su gabinete económico es de primera: el secretario de Hacienda, Édgar Amador; el de Infraestructura, Jesús Antonio Esteva; el de Agricultura, Julio Berdegué y la de Energía, Luz Elena González. Funciona tan adecuadamente el equipo que hasta Marcelo Ebrard, de Economía, se ve inusualmente serio en su trabajo —esto es, menos grillo que antes; todavía bastante grillo, pero le ha bajado algunas rayitas—.

¿Qué se necesita para realmente lograr que México avance hacia el noveno lugar mundial en 2030?

Ninguna economía puede crecer sostenidamente sin aumentar su productividad. Pero no lo lograremos si se sigue maltratando a la mitad de la población, las mujeres.

Pregunté a la inteligencia artificial acerca de la relación entre violencia de género y desarrollo económico. Sintetizo respuestas.

Sobran estudios que muestran que la violencia de género (y en general la desigualdad de género), tiene un costo económico alto, y que reducirla aporta beneficios sustanciales en productividad, crecimiento, salud pública y bienestar.

1.- Costo global por no invertir en igualdad. Según un reporte de UN Women de 2024, la economía global pierde cerca de US$10 billones al año por no invertir adecuadamente en mujeres. Acabar con leyes y prácticas que discriminan a las mujeres podría aumentar el PIB global en más de un 20 por ciento.

2.- Costo de la violencia contra mujeres en PIB y productividad. La violencia doméstica cuesta a los distintos países entre 1.2 % y 2 % del PIB solo por pérdidas en productividad, salud, ausentismo, etcétera.

3.- Estudios sectoriales. Un estudio del FMI encontró que industrias que tienen un alto porcentaje de mujeres crecen más rápido en países con menor desigualdad de género (en valor agregado y productividad laboral). Esto porque se usa mejor el potencial de la población femenina.

4.- Gastos de salud, justicia y servicios sociales. Violencia física, abuso sexual y sus consecuencias psicológicas implican costos directos (hospitales, terapias, etcétera), indirectos (pérdida de capacidad para trabajar, ausentismo, menor rendimiento cuando la persona está en el trabajo) y costos sociales (seguridad, justicia). Si se redujera la violencia o se eliminara la discriminación, se aceleraría el crecimiento económico, habría mayor participación de mujeres en el mercado laboral y mejor salud en las comunidades, menos gastos sociales, menos días perdidos de trabajo, etcétera.

5.- Dejar de maltratar y discriminar a las mujeres mejora la productividad.

  • Reducción del ausentismo: personas que sufren violencia tienen más días de enfermedad, más distracciones, peor salud mental/física, lo que reduce su desempeño.
  • Mayor participación laboral femenina: si las mujeres tienen seguridad, protección legal, derechos laborales, etcétera, participan más en la fuerza de trabajo, lo que incrementa la oferta de trabajo.
  • Mejor salud y menor gasto de salud: menos atención médica de urgencia, menos secuelas de trauma, menor costo para servicios públicos.
  • Mejor educación y desarrollo humano: las mujeres maltratadas tienen peores oportunidades educativas, lo que afecta la formación de capital humano. También las condiciones de salud infantil y bienestar familiar se deterioran, afectando generaciones.
  • Mayor inversión social y menor gasto económico en justicia / seguridad: menos violencia implica menos costos de policías, cárceles, juicios, programas de asistencia.
  • Clima empresarial y confianza social mejorados: ambientes de trabajo más seguros y equitativos favorecen la innovación, la eficiencia, el talento.

Muchos estudios estiman los costos visibles pero no los costos invisibles (por ejemplo, el efecto psicológico a largo plazo, la productividad perdida que no se mide, etcétera).

Escenario hipotético para México

Con datos recientes podría estimarse cuánto ganaría el país si se redujera la violencia contra las mujeres como parte de reducir la violencia general.

El PIB de México creció alrededor de 1.3 % a 1.5 % en 2024. El costo total de la violencia en México (toda la violencia, no solo la de género), se estima en aproximadamente 18‑20 % del PIB.

Es decir, la violencia le cuesta al país entre 4.5 y 4.9 billones de pesos.

No hay una estimación pública clara reciente que separe exactamente la parte de ese costo atribuible solo a la violencia contra mujeres. Pero algunos estudios ya viejos ubicaban la violencia doméstica hacia mujeres casadas en algo así como 1.4 % del PIB.

Ahora supongamos distintos niveles de reducción de la violencia contra mujeres dentro del costo total de la violencia, para estimar lo que se podría ahorrar / ganar. Supondremos además que los porcentajes se traducen linealmente al PIB (lo cual simplifica mucho, pero sirve para darnos una idea).

Supongamos que de ese 18‑20 % del PIB que cuesta la violencia total, una parte significativa —por ejemplo 25 % o 30 %— se relaciona con violencia contra mujeres directa o indirectamente (doméstica, sexual, psicológica, económica, etcétera).

Supongamos que se logra reducir esa violencia contra mujeres en distintos grados: 25 %, 50 %, 75 %.

Cálculos

  • C_t = costo total de la violencia como porcentaje del PIB (~ 19 %).
  • p = parte de ese costo que es atribuible a violencia contra mujeres (por ejemplo 30 %).
  • r = porcentaje de reducción alcanzado en esa violencia.

Supuestos para ejemplificar: PIB base = 100 unidades. Costo total de violencia = 19 unidades (19 % del PIB). Parte atribuible a mujeres = 30 % de esas 19 unidades, esto es, 5.7 unidades del PIB.

Si quisiéramos traducir eso a pesos…

Supongamos, como dato de ejemplo, que el PIB nominal de México es de ≈ $30 billones de pesos (esto es solo un número redondeado para ilustrar; el PIB real puede variar). Entonces:1.43 % del PIB serían ~ $0.43 billones de pesos. 2.85 % serían ~ $0.86 billones de pesos.4.28 % serían ~ $1.28 billones de pesos.

Interpretación…

Reducir la violencia contra mujeres en un 25 % podría liberar recursos económicos equivalentes a ~ 1.4 % del PIB. Si la reducción fuera del 50 %, podría ser ~ 2.8 % del PIB. Con una reducción del 75 %, ~ 4.3 % del PIB. Estos recursos liberados se traducirían en menos gasto en salud, justicia, seguridad; mayor productividad, menos ausentismo, mayor participación económica, etcétera.

Mucho ha hecho la 4T para proteger a las mujeres, pero…

Sin cambios legales muy radicales ellas seguirán perdiendo al defenderse de los abusos de ellos, es decir, de nosotros los hombres. Son numerosos los casos de mujeres maltratadas a quienes sus exmaridos han dejado sin patrimonio y sin hijos e inclusive las han enviado a prisión. Ha sido posible, desde luego, por la existencia de malos jueces y por la corrupción en las distintas fiscalías, pero también porque el marco legal lo permite.

Ya basta de que ellos les quiten a ellas a sus hijos y les roben su patrimonio. Lo peor, que con las armas de la ley en la mano y amparados en la institucionalidad, si las mujeres protestan, los hombres las acusan de extorsión y las destruyen.

La productividad no se incrementará con la mitad de la población mexicana en el permanente riesgo de que la otra mitad la aplaste, eso sí, con el apoyo de respetables titulares de instituciones que, sin criterio de justicia, se concretan —muchas veces a cambio de dinero— solo a hacer cumplir la letra de leyes tan absurdas como injustas.