Bajo la égida de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organismo sito en París, Francia, 136 países anunciaron ayer un acuerdo que prevé la imposición de una tasa mínima del 15 por ciento a todos los capitales importados del exterior.

Aquella organización internacional, que alguna vez fue tildada peyorativamente como neoliberal, ahora es la principal promotora de una coordinación internacional en materia fiscal. Estos 136 representan el 90 por ciento de PIB global, lo que se traducirá en al menos 150 mil millones de dólares.

A pesar del inicial escepticismo de naciones como Irlanda, país destino para las operaciones de consorcios internacionales caracterizado por su baja tasa impositiva, y de Hungría, cuyo régimen autoritario se ha alejado de cualquier consenso internacional, la comunidad internacional ha alcanzado un logro nada desdeñable.

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Si bien, es verdad que algunos países resultarán más beneficiados que otros (de acuerdo con OXFAM, las recetas fiscales beneficiarán principalmente a los países más ricos, mientras que los más desfavorecidos apenas recuperarán un 3 por ciento), el anuncio comunicado por la OCDE y los países miembros representa un evento sin parangón en la historia de la relaciones internacionales.

Por primera vez, una masa crítica de Estados soberanos han acordado una tasa impositiva dirigida a paliar los daños provocados por la ausencia de un organismo supranacional que regule las transacciones internacionales. Según fue anunciado, la reforma comenzará a ser implementada hacia 2023.

En la opinión de Joseph Stiglitz, economista estadounidense, merecedor del Premio Nobel de Economía en 2001, el acuerdo “se ha quedado corto” frente a la enorme problemática presentada por la transferencias irregulares de capitales y ante la nefasta evasión fiscal.

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En este tenor, las revelaciones presentadas por los Pandora Papers han puesto nuevamente de manifiesto la urgencia de consolidar una mínima coordinación internacional en materia fiscal. En palabras del propio Stiglitz, apenas un 25 por ciento de tasa impositiva comenzaría a impulsar al mundo hacia una verdadera reforma en esta materia.

No obstante el pesimismo de personajes como Stiglitz, los Estados y los ciudadanos debemos celebrar el acuerdo. Sin embargo, como es bien conocido, una buena coordinación fiscal no conllevará beneficios para las naciones si persiste la opacidad gubernamental y su incapacidad de plantear presupuestos dirigidos a áreas estratégicas como la salud, la educación y el combate contra la pobreza.

En otras palabras, mientras la corrupción permeé en las administraciones federales, cualquier esfuerzo de coordinación internacional se traducirá en un infame despilfarro y en el enriquecimiento ilícito de un puñado de burócratas y políticos. Por otro lado, el carácter vinculante del acuerdo suscrito dista de ser una realidad jurídica.

México, por su parte, suscribió este acuerdo. Lo celebro como ciudadano mexicano convencido de la pertinencia de la participación de nuestro país en los esfuerzos internacionales. He echado de menos, empero, una mayor cobertura de nuestra participación y algún tipo de declaración por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) o del responsable en materia fiscal, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

Sin embargo, a pesar de sus claros y oscuros, el acuerdo representa un serio avance hacia una mayor justicia social. ¡Enhorabuena!

José Miguel Calderón en Twitter: @JosMiguelCalde4