Con toda modestia hemos venido insistiendo en estos generosos espacios que en el proceso político mexicano actual, se venía conformando una alianza transnacional de la derecha nacional-internacional para detener por cualquier medio el proceso de la 4T-4R, cuyo objetivo estratégico es doble: i) cuestionar a fondo la legalidad del proceso electoral en el que pueda ser electa la Dra. Claudia Sheimbaum, con una muy importante ventaja en preferencias electorales hasta el momento; y ii) impedir la formación de una mayoría calificada (la ya famosa “opción C”) que apruebe las 20 iniciativas de reformas constitucionales y otras más, que permitan avanzar hacia la refundación del Estado, la refundación de la república, todo ello, mediante un nuevo pacto social y la emisión de una nueva constitución política para México, que implicaría la derrota completa del orden neoliberal desfalleciente y la concreción de una nueva etapa histórica para nuestro país.

En realidad, así visto, es todo el proceso de transformación nacional lo que se ha puesto en cuestión, lo que está bajo un intenso asedio por la alianza transnacional identificada. Inicialmente, el eje disruptivo se orientaba hacia la difusión, incluso en el ámbito internacional, de una falsa denuncia, en el sentido de que se preparaba desde el poder ejecutivo actual, con todos los recursos del gobierno, una “elección de Estado”. Es decir, un fraude electoral que burlaría la voluntad mayoritaria.

El Informe del Baker Institute (organismo binacional) hacia las más grandes empresas trasnacionales mexicanas y para muchas estadounidense, y la alocución del presidente del gobierno español Pedro Sánchez, complementada con la presencia agitadora e intervencionista de una diputada de la derecha fascista española, Cayetana Álvarez, traída por la derecha empresarial mexicana, abrió la brecha de una cuartada mayor a la que se han venido plegando las fuerzas de la reacción mexicana e internacional: la segura intervención del crimen transnacional organizado en el proceso electoral quien determinará el resultado final del mismo, burlando así la voluntad nacional y poniendo en entredicho la democracia mexicana.

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Es suma, el poder político del próximo gobierno mexicano en manos del crimen transnacional. Un macro poder fáctico criminal sometiendo a las instituciones del Estado mexicano. Un narco Estado consumado, lo cual tiene que ser detenido por cualquier medio y a cualquier precio. La ruta trazada: el desconocimiento del resultado electoral de junio próximo en México, bajo la égida del intervencionismo anglo-europeo con la complacencia servil de la derecha mexicana concentrada electoralmente en el frente opositor.

Pero esta jugada política transnacional tiene otra variante: el “partido judicial” (el bloque de jueces, magistrados y ministros, dentro del poder judicial actual) que se contraponen de distintas maneras a la voluntad política, a las iniciativas de gobierno (ya emitió un juez una orden de detener las obras de la conclusión del tren maya, a pesar de que ya funciona parcialmente), y además anunció un magistrado que se está realizando un inventario de las “violaciones del presidente de la República al proceso electoral”, lo cual podría invalidar el proceso mismo, y por tanto, su resultado. Más claro no se puede: impedir la continuidad del proceso de transformación nacional, detener a la 4T-4R.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) que es la organización eclesiástica de los obispos mexicanos, ha levantado también su voz y su intervención con una característica un tanto distinta, pero finalmente, coincidente con la oposición derechista: conminó, a los candidatos presidenciales a firmar un documento por la paz y la democracia en México, “preocupada por la presencia del narco mexicano” en la próxima elección. El documento ha sido firmado, pero la Dra. Sheimbaum se desmarcó del contenido del documento diciendo que se trataba de un enfoque “tremendista”, pero lo firmó. Anunció el CEM que con la organización de los jesuitas en México y otras organizaciones civiles-religiosas, han conformado un movimiento por la paz que arrebata la bandera al gobierno bajo su propia visión.

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Es evidente que, para los religiosos jesuitas, la herida por los sacerdotes asesinados en la sierra tarahumara (junio de 2022) está abierta, y encuentran la coyuntura adecuada en el proceso actual de campañas electorales, para alzar su voz con su propia visión sobre el tema, tomando posturas muy severas frente al gobierno del presidente AMLO (uno de los documentos que han emitido se llamó, “Ya Basta”). Para todos sus fines, se han incorporado convergentemente, con la oposición de derecha en México.

El planteamiento está hecho: el crimen trasnacional se hará presente en el proceso de elecciones de junio próximo ensuciando el mismo y deformando su resultado, y ello, además, amenaza la paz y pone en tela de juicio la legalidad del proceso. La misma orientación: será necesario probablemente anular todo el proceso.

Las fuerzas se han tensado al máximo, el escenario de un grave conflicto el día de la elección y durante el periodo postelectoral (periodo de calificación y validación de la elección y sus resultados), con sus ingredientes, están sobre la mesa. Nos esperan días muy difíciles. El presidente AMLO, es un experimentado estratega, que ya estará tomando nota de la situación, del movimiento de las fuerzas opositoras, dentro y fuera del país, y de sus objetivos estratégicos declarados. Tendrá que poner en juego toda su sagacidad porque la ofensiva es poderosa y bien armada para torcer el rumbo de México, burlar la soberanía, que reside en la voluntad popular, como en otras etapas aciagas de nuestra historia.

No olvidar que el “banderazo de salida” de la ofensiva a fondo contra el gobierno de Nicolás Maduro en el frente externo articulado a la dinámica nacional de las fuerzas de la derecha venezolana, fue el desconocimiento del resultado electoral por parte de la segunda administración del presidente de EU, Barak Obama, de la elección de Maduro por estrecho margen sobre su contrincante del frente opositor de derecha. Siguió la Unión Europea y el Mercosur, las acusaciones de la existencia del “cártel de los soles” ligado al narcotráfico internacional, formado por militares venezolanos de alta jerarquía afectos al liderazgo y gobierno de Nicolás Maduro, luego la formación de un gobierno paralelo, el desconocimiento internacional del presidente electo por escaso margen, el boicot económico, etc. etc.

Los otros “golpes de Estado blandos” en Honduras, Paraguay, Brasil, Bolivia y Perú (el más reciente) contaron con la intervención del “partido judicial”, se esgrimieron argumentos falaces de violación reiterada a las normas constitucionales por parte de los mandatarios del progresismo latinoamericano, para dar el golpe final de su derrocamiento. En Argentina, la fallida gestión del gobierno que entró en un proceso hiperinflacionario y provocó un enorme descontento en su electorado, derrumbó la posibilidad de triunfo del centro-izquierda peronista encabezado por el presidente Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirshner.

En México, estamos dentro de una ofensiva tridente: a) la derecha nacional, civil-eclesiástica-judicial; b) el frente neocolonialista anglo-europeo con algunos aliados latinoamericanos, como el actual presidente de Argentina; y c) la acción fortalecida y multiplicada del crimen trasnacional organizado en México. Los dos primeros componentes en acción convergente realizarán las acciones necesarias para lo que el presidente AMLO ha denominado “un golpe de Estado técnico”, que equivaldría a los “golpes de Estado blandos” de la experiencia latinoamericana antes dicha.

Un “golpe de Estado técnico” en realidad no tiene una conceptualización precisa. El “golpe de Estado cruento” que rompe el orden constitucional por la vía armada mediante una rebelión militar (“golpe clásico” en América Latina) es un proceso mediante el cual que se sustituye a un gobierno legal y legítimamente constituido por otro “de facto”. La diferencia con el primero mencionado, es que se puede destituir a un presidente (Honduras y Paraguay) o impedir la continuidad de su mandato hasta el término constitucional (“impachment”) invocando violaciones constitucionales graves (Brasil, Bolivia, Perú), con resoluciones del poder judicial, de la Corte Suprema del país, es decir, con toda una cobertura jurídica-constitucional a modo, pero el resultado es el mismo: su reemplazo del poder.

Es necesario armar una estrategia de respuesta que permita pasar a la ofensiva, y dentro de ella, una táctica para cada frente abierto. Pensamos en tres ejes del contragolpe para enfrentar y revertir la ofensiva transnacional de desestabilización y violencia de la derecha: 1) una comisión especial diplomática que viaje a Europa, encabezada por la secretaria de relaciones exteriores y pueda ser escuchada en el parlamento europeo o en una conferencia de prensa, que esclarezca la realidad, sobre el combate al crimen organizado, su eventual participación en las elecciones y la postura de rechazo a una policía injerencista; 2) una invitación a los observadores electorales de la ONU para que participen como testigos activos de la legalidad constitucional del proceso de elección de junio próximo; y 3) convocar a un diálogo nacional con el CEM y las organizaciones del movimiento por la paz, así como con las organizaciones civiles de las marchas contra “la dictadura”, con mesas de trabajo para buscar acuerdos.

Continuaremos en próxima entrega.