El 9 de julio de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la FinCEN, otorgó una prórroga de 45 días antes de aplicar plenamente las sanciones contra CIBanco, Intercam y Vector por presuntos vínculos con operaciones de lavado de dinero asociadas al crimen organizado. A primera vista, puede parecer una señal de moderación. En realidad, es un ultimátum cuidadosamente cronometrado.
Esta prórroga vence el 4 de septiembre de 2025. Hasta entonces, México y sus instituciones financieras deben demostrar al mundo que tienen la capacidad y voluntad de aplicar estándares internacionales de control, supervisión y transparencia. Lo que está en juego no es sólo la reputación de tres entidades, sino la credibilidad del sistema financiero mexicano en su conjunto.
Desde que se publicaron las sanciones el 25 de junio, la respuesta oficial ha sido errática. Autoridades como la CNBV, la SHCP y la UIF han operado sin un vocero claro, improvisando controles, trasladando fideicomisos a banca de desarrollo y buscando minimizar el impacto. En lugar de asumir responsabilidades, se ha optado por el guion de siempre: “todo está bajo control”.
Por su parte, los accionistas y directivos de las entidades involucradas han mantenido un silencio sepulcral, salvo algunas filtraciones a medios con tono de “buenos muchachos con largas trayectorias”. Pero las trayectorias no se convierten automáticamente en blindaje moral. La pregunta es: ¿por qué quienes se dicen respetables rehúyen a dar la cara en momentos de crisis?
La decisión de FinCEN no exonera a las instituciones. Tampoco congela el impacto reputacional que ya padecen. Más bien, abre una ventana técnica para reestructurar operaciones, transferir riesgos y demostrar que los controles antilavado no son papel mojado. No es casualidad que en paralelo se haya reportado la venta de operaciones internacionales de Intercam y Vector, ni que Nafin asuma roles fiduciarios como “apagafuegos” institucional.
La prórroga tiene costo político. Es una forma elegante de decir: “no les vamos a desconectar ahora, pero ya vimos lo que hay detrás del telón”.
En los próximos 45 días, los reguladores mexicanos deberán convencer a Washington y a los mercados internacionales de que no estamos frente a un sistema fallido, sino a una estructura capaz de corregirse. Para ello deberán responder preguntas clave:
¿Qué pasará con los fideicomisos trasladados a banca de desarrollo?
¿Quién responde por los errores de supervisión?
¿Qué consecuencias enfrentarán los responsables dentro de las instituciones sancionadas?
¿Cuánto costará esto al erario si el IPAB, Nafin o Banobras asumen riesgos heredados?
Recordemos que el rescate de bancos como Famsa, Accendo y otros implicó miles de millones de pesos en pérdidas para el Estado. Hoy, el sistema financiero enfrenta una crisis de confianza estructural con tres nombres propios, pero con muchos cómplices silenciosos.
Epílogo: entre la advertencia y el espejo
Estados Unidos no está libre de errores, pero sí tiene una premisa clara: la riqueza debe ser transparente en su origen. En México, seguimos confundiendo éxito con opacidad, influencia con inmunidad y “trayectoria empresarial” con complicidad de cuello blanco.
La prórroga de FinCEN no es una victoria: es un espejo, y México tiene 45 días para decidir si se lava el rostro o rompe el cristal.
X: @MarioSanFisan | CEO FISAN SOFOM ENR | PROMETEO
Banquero a nivel directivo con más de 30 años de experiencia de negocios. Ex presidente nacional AMFE corporativo@fisan.com.mx