México.- El Senado de la República aprobó con 98 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención la reforma constitucional por la que se aprueba la revocación de mandato.

Con ello, la ciudadanía podrá pedir una consulta para reafirmar o quitar del poder al presidente de la República durante los primeros tres meses de su cuarto año de gobierno.

Durante la discusión el Partido Acción Nacional (PAN) insistió que la revocación de mandato abre la puerta a la reelección y señalaron, en voz de Julen Rementeria y Guadalupe Saldaña, que no tiene sentido el proceso porque se eligió democráticamente al presidente por seis años, además de que las elecciones sexenales son un refrendo de las administraciones.

Ante ello Morena y sus aliados, Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES), negaron que se abra la puerta a la reelección e insistieron que "el pueblo pone y el pueblo quita".

El resto de grupos parlamentarios, Partido Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC), Partido de la Revolución Democrática(PRD) y Partido verde Ecologista de México (PVEM), señalaron previamente que apoyarian  la reforma porque se hicieron cambios para lograr un ejercicio ciudadano a diferencia de lo que se planteó por la Cámara de Diputados.

El coordinador del MC, Dante Delgado, detalló que esos cambios son, en primer lugar, que no podrá ser convocada por el presidente, sino por al menos el 3 por ciento de la lista nominal; que cada estado deberá diseñar su consulta de acuerdo a su realidad local, a fin de que no haya control desde el centro; y en tercer lugar es que no va a coincidir con ningún proceso electoral.

Además, la consulta de revocación  de mandato tendrá que estar organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y deberá participar al menos el 40 por ciento del padrón electoral.

Aun con el apoyo, el coordinsdor del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, resaltó que se corre riesgo de un mal uso; por su parte, Julen Rementeria dijo que así comenzaron Bolivia y Venezuela y cuestionó porque la insistencia de implementarla en esta administración y no hasta el 2024.

La consulta deberá ser convocada durante los primeros tres meses del cuarto año de gobierno.

Durante la discusión de señaló que si se hubiera implementado antes no existirían gobernadores prófugos o en la cárcel.