México.- La mega deuda que se contrató ilegalmente durante la administración de Humberto Moreira, sigue generando controversia. En día de ayer organizaciones ciudadanas exigieron al actual gobernador Rubén Moreira que pida licencia a su cargo hasta que se aclare ese caso, mejor conocido como ‘moreirazo’. 

Cabe recordar que actualmente se investiga el destino de la deuda por más de 36 mil millones que dejó el también ex dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como el aumento de la inseguridad en el estado, en virtud que hay conflicto de intereses al tratarse de temas que le heredó Rubén Moreira Valdés. 

El empresario Armando Guadiana Tijerina, integrante de Claridad y Participación Ciudadana, dio lectura a la copia de un oficio entregado en Palacio de Gobierno, mediante el cual solicitan la salida del gobernador.

"Ante la falta de voluntad mostrada por usted para resolver los problemas que afectan a la ciudadanía, como son la deuda y la inseguridad pública, solicitamos de la manera más enérgica que pida al Congreso del estado licencia para separarse el tiempo que sea necesario del cargo que ostenta", señaló en conferencia de prensa. 

"En virtud de que su actitud de protección a funcionarios del gobierno anterior nos dan muestra de que, en la medida en la que usted permanezca en el cargo de gobernador del estado, será imposible que se ejerciten acciones legales que permitan sancionar no sólo a los que endeudaron ilegalmente a Coahuila, sino a quienes también en contravención a la ley gastaron los recursos", apuntó. 

Solicitó que en 15 días se atienda su petición que fue apoyada por agrupaciones como Indignados Coahuila, Todos Somos Coahuila, Coparmex Torreón y Piedras Negras. 

Por su parte, el empresario torreonense, Víctor Alducín, pidió al Congreso del estado la remoción del Auditor Superior del Estado, Armando Plata Sandoval, quien es acusado de omisiones en la revisión de la cuenta pública del gobierno del estado, donde se observaron recursos contratados mediante créditos obtenidos de forma irregular porque no hubo autorización del Poder Legislativo.