México.- El pasado 15 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal para mejorar la maternidad en prisión, los derechos humanos de las mujeres que cumplen una sentencia con sus hijos y que se encuentran en prisión junto a sus madres.

Con dichas reformas, sería obligatoria la capacitación de los operadores del sistema penitenciario que trabajan con mujeres en cuanto a temas de igualdad sustantiva y perspectiva de género. Además de la sensibilización en psicopedagogía de quienes trabajen con niñas y niños en reclusión para darles atención y trato adecuados.

Luego de esta aprobación, la minuta fue enviada al Senado para su aprobación, por lo que la organización civil Reinserta hizo un llamado a aceptar las propuestas enviadas y también ofreció su experiencia en el tema a partir del Modelo de Atención para mujeres en prisión, implementado en distintos centros de reclusión del país.

“Las propuestas de reforma aprobadas abonan en la mejora de los derechos de las madres y sus hijas e hijos que viven en prisión y se convierten en puntos de partida para establecer mecanismos que permitan avanzar en el perfeccionamiento del sistema penitenciario en el que se ven insertos”.

Reinserta

Se espera que con las reformas y el apoyo de organizaciones civiles, las niñas y niños en reclusión con sus madres puedan tener un desarrollo integral, espacios dignos al interior de las cárceles, bienestar, igualdad de oportunidades y una relación materno-infantil sin experiencias traumáticas y exclusión social.

Reinserta pide anteponer el interés superior de la niñez

Con estas posibles modificaciones a la Ley Nacional de Ejecución Penal, la organización Reinserta recordó que es idóneo mantener como edad máxima los 3 años de edad para que las niñas y niños permanezcan en reclusión con sus madres, atendiendo al interés superior de la niñez.

Lo anterior porque de acuerdo con el Diagnóstico Maternidad y Paternidad en Prisión, las condiciones de los centros de reinserción en México que albergan niñas y niños no son adecuadas y no se cuentan con los servicios básicos para cubrir las necesidades de alimentación, salud, vivienda y recreación de niñas y niños que viven con sus madres privadas de libertad.

Además, no tienen infraestructura física adecuada, actividades educativas, deportivas y culturales, acceso a servicios médicos, atención psicológica y nutricional, y son expuestos a situaciones adversas.