Por Cecilia González. Corresponsal

Buenos Aires, 25 Feb (Notimex).- La tragedia ferroviaria que dejó un saldo de 51 muertos y 706 heridos en esta capital demostró el fracaso de la privatización de los trenes en Argentina y originó una fuerte movilización social que exige su intervención estatal.

El servicio de trenes fue uno más de los tantos que se otorgaron en concesión a mediados de los años 90, cuando el entonces presidente Carlos Menem (1989-1999) aplicó los postulados neoliberales que reducían el papel del Estado a su mínima expresión.

Hasta ese momento, Argentina contaba con la red de trenes más amplia de América Latina y empleaba a 19 mil trabajadores, pero sufría un déficit diario de un millón de dólares, por lo que las promesas de mejorar el servicio fueron la base para su privatización.

Nada de ello ocurrió, y casi dos décadas después de que los trenes pasaran a manos privadas, el déficit diario asciende a 3.5 millones de dólares en un servicio que humilla a pasajeros que viajan encimados, con asientos y ventanas rotas, retrasos y cancelaciones.

Basta viajar en cualquier línea de trenes, salvo las escasas que transitan por los barrios acomodados, para darse cuenta de la falta de mantenimiento de las formaciones, muchas de las cuales datan de hace 50 años, el descuido y el constante riesgo de los conductores.

Los trenes argentinos, además, no se utilizan tanto para el turismo sino como transporte diario, ya que todas las rutas atraviesan la zona metropolitana de Buenos Aires para traer a cientos de miles de trabajadores hacia sus empleos en esta metrópoli.

En 2002, cuando ya era claro que las privatizaciones no habían mejorado el servicio, se aprobó la Ley de Emergencia Ferroviaria para subsidiar a las empresas en medio de la grave crisis económica que sufría el país.

Aunque las condiciones económicas mejoraron desde entonces, el gobierno siguió manteniendo y aumentando los subsidios, que, entre 2003 y 2008 pasaron de 4.9 a 60 millones de dólares mensuales.

Haber conservado los subsidios le está costando una crisis a la presidenta Cristina Fernández, ya que al gobierno le correspondía controlar el cumplimiento de mejoras e inversiones que los concesionarios nunca hicieron.

Las pruebas más contundentes del incumplimiento fueron los cada vez más frecuentes accidentes que culminaron la mañana del pasado miércoles con la tragedia en la Estación Once, en pleno centro de Buenos Aires.

Desde ese momento, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales se responsabilizó a la empresa concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA) por la falta de mantenimiento de los trenes.

El gobierno, en tanto, está analizando la intervención de TBA, aunque esta decisión también le genera un problema, porque cualquier falla que ocurra a partir de la recuperación del servicio será achacada directamente al Estado.

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