México.- Un revén en su proceso legal por la fuga de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, del penal del Altiplano en julio pasado, han tenido dos supuestos implicados en la acción.
Según se da a conocer en el espacio de Ciro Gómez Leyva, en Por la Mañana, el Juzgado Décimo de Distrito en Materia de Amparo Penal en la Ciudad de México negó la protección de la justicia federal a los dos quejosos que buscaban dejar sin efecto la orden de arraigo y su ampliación.
Esa medida fue dictada por un Juez de Distrito Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones.
La autoridad jurisdiccional también determinó sobreseer respecto del señalamiento de incomunicación reclamado, ya que en autos se demostró que durante el arraigo ambos quejosos recibieron visitas a diario de su madre y esposa, respectivamente, además de que se les permitió realizar una llamada telefónica al día.
Se informó que al analizar los conceptos de agravio expresados por los quejosos, el juez federal señaló que el arraigo y su ampliación constituyen actos de tracto sucesivo, porque después de decretarse por el plazo inicial (hasta 40 días), su ampliación --por un lapso idéntico--, garantiza la eficacia de la investigación de delitos, al evitar la sustracción de la persona señalada como probable responsable de hechos posiblemente constitutivos de delito.
La autoridad indicó que la orden de arraigo y su ampliación son constitucionales, habida cuenta que para su emisión el Juez Federal Especializado observó los artículos 16, párrafo octavo, Constitucional y 12 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, bajo los lineamientos puntualizados con antelación.
Por lo anterior, dijo que resulta infundado el argumento de los quejosos, mediante el cual aduce que la medida cautelar de arraigo transgrede el derecho fundamental a un debido proceso legal porque no existe un recurso eficaz para combatirlo; habida cuenta que el juicio de amparo cumple con las características de un recurso judicial efectivo, en tanto que permite al juez constitucional emprender un análisis para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos de los solicitantes.
Los quejosos fueron señalados como probables responsables de delitos relativos a la delincuencia organizada, específicamente, se les relaciona con el "Cartel de Sinaloa".
El agente del Ministerio Público también les atribuye su participación en la fuga de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias "El Chapo Guzmán", del penal de máxima seguridad en Almoloya de Juárez, pues son señalados como las personas que intencionalmente adquirieron el predio donde se construyó el túnel por el que escapó.