México.- El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitaron garantizar y reconocer plenamente los derechos humanos de la población penitenciaria que está siendo trasladada a otros centros de reclusión, luego de la desincorporación del Centro Federal de Reinserción Social 2, Puente Grande, Jalisco.

A través de un comunicado, ambos organismos recordaron que es derecho de las personas privadas de su libertad (PPL), cumplir su pena de prisión en el centro penitenciario más cercano a su domicilio, así como que se mantengan informadas a las familias el día y hora del traslado, y también datos sobre el centro penitenciario al que será ingresado su familiar.

Hace unos días, cuando se anunció el cierre de Puente Grande, ambos organismos también solicitaron que los traslados fueran notificados dentro de las 24 horas posteriores para que fueran legales; y en el caso de personas en prisión preventiva, pidieron que sean ubicadas en el centro más cercano al juzgado donde se tramita su proceso penal, se respete la integridad física y se eviten conductas que les ocasionen sufrimientos físicos o mentales.

“Ese traslado deberá atender el principio de reserva de ley [...] un derecho fundamental a cumplir la pena de prisión en el centro penitenciario más cercano al domicilio del sentenciado, cuando éste haya sido condenado por delitos distintos a la delincuencia organizada y que no requieren medidas especiales de seguridad”.

CNDH y MNPT

Alertan por violaciones a derechos humanos durante traslados

El pasado 28 de septiembre, organizaciones civiles suscribieron un pronunciamiento de Documenta, donde exigen garantizar los derechos humanos de estas personas, pues los traslados penitenciarios representan uno de los momentos de mayor riesgo para la comisión de la tortura y malos tratos, uso excesivo de la fuera, abuso de autoridad y desapariciones forzadas.

Lo anterior debido a que en estos momentos, las personas privadas de su libertad se encuentran solas, incomunicadas, aisladas y en espacios pocos visibles; agregaron que de lo contrario, los traslados pueden afectar los procesos penales y su derecho a la comunicación con familiares y defensores.

Entre las exigencias de las organizaciones, se pide informar a las familias sobre los traslados y garantizar su reingreso a un centro penitenciario cercano a su domicilio. Sin embargo, por denuncias de familiares, lo anterior no está siendo cumplido por las autoridades penitenciarias.

Lo más leído de México

Verónica Veliz, familiar de una persona privada de su libertad, contó que las visitas fueron canceladas sin justificación y no han recibido información de sus traslados, dijo que no saben a dónde los van a llevar.

Desde este 01 de octubre, medios locales comenzaron a reportar la llegada de población penitenciaria a centros de reclusión en Chiapas (Penal de Villa Comaltitlán) y Oaxaca (Cefereso 13); aunque sigue sin haber información oficial sobre los traslados y destinos.

El día 28 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se desincorpora el centro penitenciario de Puente Grande en Jalisco; también se ha reportado que otra parte de la población privada de su libertad ha sido trasladada a Michoacán, Edomex y Coahuila.