México.- La Ley de Amnistía Federal fue aprobada el 22 de abril de 2020, sin embargo, tras un año en vigor, ninguna persona en situación de vulnerabilidad privada de su libertad ha sido beneficiada y las autoridades encargadas de su operación no tienen coordinación, ni presupuesto para ejecutar las medidas que establece.

Así lo informó el Observatorio de Amnistías, conformado por organizaciones civiles, a través del informe “Ley de Amnistía: un año de simulación”; aseguraron que la ley no ha funcionado como se esperaba y no hay una sola persona que haya sido beneficiada o liberada por amnistía.

También recordaron que la Ley de Amnistía formó parte de la campaña electoral en 2018 del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien propuso como una medida de pacificación y la plasmó en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en el punto sobre construcción de paz.

Desde su aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación, el Observatorio señaló que su implementación ha llevado un proceso lento, aunque reconocieron que en sí misma, la norma representa un avance en el reconocimiento y visibilización de distintas políticas punitivas que han afectado de manera desproporcionada a personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad.

Inconsistencias en cifras sobre la Ley de Amnistía

El Observatorio de Amnistías ha dado seguimiento al trabajo de la Comisión de Amnistía, encabezada por la Secretaría de Gobernación, misma que únicamente ha determinado que 38 personas presentaron dictamen positivo para liberación, aunque este dato no se ha visto reflejado en la liberación porque el Consejo de la Judicatura Federal no ha analizado los casos.

“Los avances de la Comisión de Amnistía son prácticamente inexistentes, dado que ésta ha sesionado sólo tres veces en un periodo de 10 meses, sin que exista noticia de la concesión de alguna amnistía. Además, la vasta mayoría de las solicitudes presentadas han sido declaradas improcedentes, ya sea por falta de información o por no cumplir con los requisitos necesarios”.

Informe Observatorio de Amnistías

Las organizaciones civiles externaron su preocupación por la falta de celeridad de la Comisión y la opacidad en el mecanismo de revisión para los expedientes que son calificados como no procedentes.

Acerca de los datos publicados por la Comisión, durante su tercera sesión el 29 de marzo de 2021, se informó sobre la improcedencia de 169 casos y, por primera vez, se determinó que 38 casos procedían para el análisis, además de que se enviaron 7 mil posters con información de la ley y del proceso de solicitud de amnistía a todos los centros penitenciarios del país.

Ley de Amnistía, primer paso para la justicia social

Durante la presentación del informe, Ángela Guerrero, coordinadora general de CEA Justicia Social, reiteró que la Ley de Amnistía se aprobó para beneficiar a las personas privadas que han sido víctimas de un sistema punitivista, por lo que representaba el primer paso para avanzar en la justicia social.

“Una de la tareas es sacar de prisión a quien no debe estar ahí, no solo sacar a personas acusadas por los delitos de aborto, contra la salud, sedición política, también abría la posibilidad de iniciar un debate sobre la prisión preventiva para ciertos delitos, sin embargo, este gobierno hizo lo contrario”.

Informe Observatorio de Amnistías
Protesta Ley de Amnistía
Protesta Ley de Amnistía (Crisanta Espinosa / Cuartoscuro)

Entre las conclusiones, el Observatorio sentenció que el Congreso de la Unión ha sido omiso en cumplir con la obligación de realizar la revisión de los delitos previstos en la Ley de Amnistía. Así como la falta de armonización en los Congresos estatales que han sido omisos en legislar leyes de amnistía locales que puedan extender los beneficios a sus entidades.

“Ha existido una dilación injustificada en la implementación de la Ley por parte del Ejecutivo y, posteriormente, la Comisión de Amnistía, que no cumple con los estándares para el acceso a la información pública respecto a la ejecución y funcionamiento [tampoco] existe una difusión adecuada y no se cuenta con un plan de reinserción social para las personas que sean beneficiadas”.

Informe Observatorio de Amnistías