México.- El juez de distrito en materia administrativa, Arturo Israel Domínguez Adame resolvió un acuerdo histórico para que el Instituto Nacional de Migración (INM) realice la liberación inmediata de los migrantes detenidos en estaciones migratorias y que se les otorgue una estancia regular, frente a la actual contingencia sanitaria por coronavirus Covid-19.

A través de un comunicado, la organización Sin Fronteras señaló que el juez ordenó estas medidas para preservar la vida y salud de más de 2 mil personas migrantes y solicitantes de asilo que según INM, se encuentran detenidos en las estacioñlnes migratorias de México.

“Entre las medidas estipuladas destacan la libertad inmediata de las personas migrantes que son parte de grupos vulnerables y se les otorgue una estancia regular en el país que incluya acceso a la salud”.

Sin Fronteras

Según las organizaciones que promovieron este amparo, con la resolución se sienta un precedente para los migrantes en el país, pues los identifica dentro de la situación de riesgo por la crisis sanitaria de Covid-19.

Asimismo, se le ordena al INM implementar protocolos de prevención sanitaria por el coronavirus dentro de las más de 58 estaciones y estancias provisionales migratorias; realizar inspecciones periódicas para verificar el respeto a los derechos humanos; y garantizar el acceso a la información de las personas detenidas sobre la pandemia.

También se considera fundamental que a la par de estas acciones, el Gobierno Federal les brinde a las personas migrantes acceso a la salud, alimentación, integridad física y psicológica, con programas de ayuda económica directa durante el periodo que dure la Emergencia Sanitaria.

La resolución señala que existe un plazo de 24 horas para que las autoridades responsables rindan el informe respectivo al cumplimiento de las medidas decretada pues de no hacerlo, serán acreedoras a una multa.

Entre las organizaciones que promovieron el amparo se encuentra Sin Fronteras, Instituto para las Mujeres en la Migración y Fundación para la Justicia y el Estado democrático de Derecho, así como 40 colectivos más que apoyaron la acción.