México.- La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió disculpas a nombre del Estado mexicano a las hermanas González Pérez y a su madre, por detención ilegal, tortura sexual y otras violaciones graves a sus derechos humanos, ocurridas el 4 de junio de 1994 en Chiapas.

“A nombre del Estado les ofrezco una disculpa pública a Ana, Beatriz y Celia por haber sido detenidas ilegalmente, violadas y torturadas sexualmente. A la señora Delia Pérez le ofrezco una disculpa por su detención ilegal y por el agravio sufrido al tener que atestiguar los hechos ocurrido en contra de sus hijas”.

Olga Sánchez Cordero

También pidió disculpas por la falta de investigación, de búsqueda de justicia y de reparación a las víctimas; y sumó los agravios a la integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, protección honra y dignidad, a los derechos del niño y niña; así como por la dilación contra la tortura sexual.

En su discurso, Sánchez Cordero incluyó y reconoció la violencia de género contra las hermanas, y dijo que la discriminación se potencializó por 3 porque las víctimas son mujeres, indígenas y pobres.

“El Gobierno de México asume la responsabilidad por un hecho que evoca dos responsabilidades: por un lado la deuda histórica con los pueblos y comunidades indígenas a quienes hemos fallado en garantizar sus derechos individuales y colectivos; así como la deuda con las hermanas González Pérez y su madre por las injusticias y violaciones a sus derechos humanos de las que fueron víctimas”.

Olga Sánchez Cordero

Hace 25 años, el 4 de junio de 1994 fueron agraviadas las hermanas González Pérez y su mamá. Hoy el gobierno se disculpó en nombre de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues fueron sus elementos quienes cometieron el agravio. Las organizaciones acompañantes del caso también consideraron que es una disculpa para todas las mujeres agraviadas y los pueblos originarios.

“Esto no es una disculpa”, dicen hermanas González ante ausencia del Ejército en acto público

Beatriz González Pérez, una de las hermanas, aseguró que el acto ofrecido por el gobierno no fue en realidad una disculpa porque estuvieron ausentes representantes del Ejército mexicano.

“Este acto de disculpa en realidad no es una disculpa porque nosotros dijimos que queríamos que la Sedena estuviera presente para que nos pidiera la disculpa porque ellos fueron los que cometieron los agravios. Ustedes [el público presente] son testigos de que Sedena no estuvo presente”.

Beatriz González Pérez

Por su parte, Celia González señaló que para resolver el caso lo que necesitan en una “justicia verdadera” y también reclamó por la ausencia del Ejército. Finalmente, Ana González dijo que otra de sus exigencia es la resolución de todas las denuncias de violencia que ejercen fuerzas del Estado contra las mujeres indígenas.

“Somos las que hemos venido anunciado esto desde hace muchos años. Somos las mujeres que hemos estado luchando porque nos han maltratado y nos quisieron hacer pagar por el movimiento del zapatismo. Pero aquí estamos porque denunciamos los abusos de las autoridades”.

Ana González

Deuda histórica con comunidades indígenas

En la plaza central del municipio de Ocosingo, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, señaló que este la disculpa pública a las hermanas González es un acto de justicia y desagravio la familia, así como un compromiso de garantía para reparar las graves violaciones de derechos humanos de las que fueron víctimas.

Encinas dijo que el Estado mexicano reconoce las violaciones de derechos humanos y la tortura sexual de que fueron objeto las hermanas, luego de la detención ilegal por su participación en el movimiento indígena de 1994. También reconoció que las mujeres fueron violentadas en su integridad física, dignidad humana y en el acceso a la justicia por tener origen indígena.

“De estos indignantes hechos han transcurrido 25 impunidad, 18 años desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió sus conclusiones y recomendaciones de dicho caso. Reconocemos la deuda pendiente con las víctimas y decidimos asumir la responsabilidad para dar cumplimiento a las obligaciones de investigar, castigar a los responsables y reparar los agravios”.

Alejandro Encinas

El funcionario refirió que la nueva administración suscribe los recomendado por la CIDH sobre que la violencia sexual ejecutada por elementos del Estado constituye una grave violación a derechos humanos, por lo que trabajan para erradicar estas prácticas y priorizar a todas las mujeres el derecho a una vida libre de violencia.

“Esta disculpa representa un desagravio a las comunidades indígenas que fueron perseguidas, hostigadas y reprimidas en el contexto de guerra para callar su voz. Por lo que estamos convencidos de que debe ser juzgado con todo el peso de la Ley. Además nos comprometemos a establecer medidas de no repetición y erradicar las prácticas tortura sexual”.

Alejandro Encinas