Un juez penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TJSCDMX), giró una orden de aprehensión contra el exdirigente del PRI-DF, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre; la diputada local priista, Sandra Esther Vaca Cortés, y el exsecretario de finanzas del mismo partido, Roberto Zamorano, por los delitos de trata de personas y asociación delictuosa.

Para este caso, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX reabrió en septiembre de 2020 la investigación en contra de Gutiérrez de la Torre y los demás implicados por considerar que las indagatorias realizadas en la administración pasada tuvo omisiones graves que afectaron el proceso y a las víctimas, de acuerdo con la fiscal Ernestina Godoy.

La detención de Cuauhtémoc Gutiérrez y la diputada del PRI, Sandra Vaca, se ordenó tras siete años de la publicación del reportaje periodístico presentado por Carmen Aristegui titulado “la red de prostitución de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre”, donde se dio a conocer este delito.

Por lo anterior, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y de los demás imputados por su participación en dicha red de prostitución.

Investigación previa contra Cuauhtémoc Gutiérrez llena de  irregularidades y omisiones

A pesar de varios intentos de la administración capitalina de Miguel Ángel Mancera de dar fin a las indagatorias para absolver a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y Sandra Vaca, las tres mujeres denunciantes presentaron diversos juicios de amparo y recursos de queja ante juzgados y tribunales federales para impugnar la exoneración del exlíder capitalino del PRI.

Fue hasta que en septiembre del 2020, la Fiscal de la CDMX, Ernestina Godoy, anunció que la indagatoria realizada previamente contenía múltiples irregularidades y omisiones, por lo que reabrió el caso para garantizar el derecho a la verdad y el acceso a la justicia de las víctimas.

Los delitos de trata de personas y asociación delictuosa son considerados como graves en las leyes penales vigentes en 2014, año en el que se inició la investigación; razón por la cual Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y demás implicados no tendrían derecho a enfrentar su proceso penal en libertad.