México.- La Fiscalía General de la República (FGR) recibió una denuncia donde se le exige investigar a los funcionarios del gobierno de Felipe Calderón que pudieron haber participado en los operativos “Rápido y Furioso”, “Gunrunner” y “Wide Receiver”, enlistados como los responsables de dispersar armas de fuego en México, muchas de las cuales cayeron en manos del crimen organizado.

La denuncia fue presentada por la iniciativa [DES]arma México e indica que hay evidencias publicadas en Estados Unidos que refieren la participación de la PGR, entonces a cargo de Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez Chávez y Marisela Morales Ibáñez; junto con la Secretaría de Seguridad Pública, de Genaro García Luna y la SEIDO en los operativos.

Sergio Aguazo Quezada, director del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México, explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores debió ser más asertiva en su petición de información al gobierno de Estados Unidos sobre los operativos, para conocer la verdad del caso.

En la denuncia se pide que si la solicitud de la cancillería no logra resultados, se extiendan las peticiones al Departamento de Justicia, la DEA, el FBI, el Servicio Tributario, el Servicio de Control de Aduanas, la Oficina del Fiscal Federal de Arizona y el Departamento de Seguridad Interna.

Dentro de la denuncia se indica que existe una investigación llevada a cabo por el Congreso de Estados Unidos, por la comunicación entre la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) con la Agencia Federal de Investigaciones para monitorear una entrega de 19 armas de uso exclusivo de Ejército a traficantes en la frontera.

En esa ocasión los receptores de las armas lograron evadir la vigilancia y las armas desaparecieron.

Además se indica que Eduardo Medina Mora, procurador en ese entonces, discutió con la ATF sobre el operativo, por lo que tenía conocimiento del hecho.

Por último la denuncia rescata un cable recuperado por Wikileaks en el que se informa sobre una reunión llevada a cabo el 9 de octubre de 2009 entre el FBI, la DEA y la ATF y funcionarios de la PGR, Relaciones Exteriores, Marina, Ejército, CISEN, la Oficina de Presidencia y Seguridad Pública.