Ciudad de México.- El programa Cruzada Nacional contra el Hambre, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), contrató a empresas de un hombre identificado por el gobierno federal como operador del Cártel de Juárez.
De acuerdo con una investigación publicada por el portal de Aristegui Noticias, Ricardo Dávila Córdova fue detenido en octubre de 2005 en un operativo de la PGR, donde se aseguraron 740 mil dólares utilizados en transacciones de lavado de dinero.
La procuraduría informó que Dávila Córdova fungía como enlace con proveedores colombianos de droga y operador financiero del Cártel de Juárez, como consecuencia de transacciones realizadas en casas de cambio con sucursales en Texas e Illinois. Su detención ayudó a la captura de Ricardo García Urquiza, sujeto que asumió el mando de esa organización delictiva tras la ejecución en 2004 de Rodolfo Carrillo Fuentes.
La trayectoria criminal de Dávila Córdova fue precedida por una carrera política que lo llevó a asumir un cargo en el Banco de México (Banxico) de 1988 a 1990, y posteriormente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SCT). Fue en 2003 que abandonó la administración pública.
"El Cónsul", como era conocido Dávila Córdova, fue ingresado en el penal del Altiplano tras su detención. Pero abandonó ese centro penitenciario en el 2010. Tres años después, el ex presidiario se constituyó en 2 empresas fantasma que ganaron contratos por 396 millones de pesos en la Cruzada Nacional contra el Hambre.
El reporte de Aristegui detalla y presenta la documentación oficial que acredita a "El Cónsul" como representante legal de Grupo Comercializador Cónclave SA de CV, entidad que ganó un contrato por 207 millones 779 mil pesos de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
La otra empresa donde aparece el nombre de Dávila Córdova, pero en la modalidad de socio, es Podasa SA de CV, la cual recibió un contrato de 188 millones 162 mil pesos. En la operación estuvo involucrado un directivo de la Universidad Autónoma de Morelos, Wistano Orozco García, ex dirigente del Partido Nueva Alianza en la CDMX que habría servido como enlace directo con la Sedesol.
La información recabada por el equipo de investigaciones especiales muestra que ninguna de las dos empresas cumplió con los servicios para las que fueran contratadas. Además, el proceso de licitación tuvo reportes de vicios e irregularidades.
Los domicilios fiscales de Podasa y Cónclave no fueron comprobados por las autoridades fiscales, pues en las oficinas reportadas al SAT, se ubicó consultorios médicos y despachos de abogados. Además, ambas empresas están en investigación por omisión y evasión de impuestos.