México.- El gobierno federal publicó este 18 de junio en el Diario Oficial de la Federación (DOF), un acuerdo firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para la creación de la Comisión de Amnistía para comenzar con la implementación de Ley de Amnistía aprobada desde hace casi dos meses.

El pasado 20 de abril, el Senado de la República aprobó la llamada Ley de Amnistía con argumentos de que su aplicación ayudaría a disminuir el hacinamiento y sobrepoblación de cárceles del país, y al mismo tiempo riesgo de brotes en medio de la pandemia por Covid-19.

Luego de casi dos meses, la Comisión para supervisar la aplicación de dicha ley fue anunciada a través del DOF, donde se señala que su objetivo es “coordinar los actos para dar cumplimiento y vigilar la aplicación de la Ley de Amnistía”, así como “determinar la procedencia del beneficio y someter su decisión a la calificación de un juez federal”.

La Comisión será integrada por Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación; Alfonso Durazo, secretario de Seguridad; María Luisa Albores, secretaria de Bienestar; Nadine Gasman, titular del Instituto Nacional de las Mujeres, y Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Estos funcionarios deberán presentar las solicitudes de las personas privadas de su libertad que soliciten el beneficio, luego harán el trámite del procedimiento y, de considerarlo viable, lo enviarán ante un juez federal para que la petición sea resuelta.

También está señalado que una vez presentada una solicitud por parte de un persona en prisión, la Comisión tendrá hasta 4 meses para resolverla y presentarla ante un juez. Estas funciones deben comenzar a realizarse en un plazo no mayor a 72 horas desde que se publicó el acuerdo en el DOF.

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Cabe recordar que de acuerdo con el artículo 1 de la Ley de Amnistía, solo podrán acceder a este beneficio personas en prisión del fuero federal acusadas de aborto, homicidio por razón de parentesco, robo simple y sin violencia, personas pertenecientes a pueblos indígenas que no hayan sido asesorados. Es decir, sólo cerca del 7% de la población privada de su libertad.

Por su parte, organizaciones sociales refirieron que la creación de la Comisión es un primer paso para lograr materializar la justicia para mujeres, personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, así como personas en situación de vulnerabilidad bajo diversos contextos.

La organización AsiLegal hizo un llamado a la Comisión para hacer público el procedimiento a través del cual se revisarán las solicitudes y se puedan tener las primeras liberaciones sin dilaciones, al igual que se pronunció el grupo de EQUIS Justicia para las Mujeres.