México.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) externó su preocupación por la posible aprobación de la Ley de Seguridad Interior que se discutirá esta semana en el Senado, al considerar que es un paso para la normalización, regulación y la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

En un comunicado, el órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) consideró “fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas”.

"Se trata de dos instituciones sustancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación”, subrayó.

La CIDH aseveró que la experiencia en la región y en México demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ha generado graves violaciones a los derechos humanos, como han sido los caso de las  ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas.

La CIDH refirió que su preocupación se agudiza, considerando “la impunidad que prevalece respecto de los agentes de las Fuerzas Armadas involucrados en casos de violaciones a los derechos humanos”.

Con base en ello, la Comisión subrayó que las obligaciones asumidas por los Estados exigen políticas públicas sobre seguridad y combate al crimen que prioricen el funcionamiento de una estructura institucional eficiente. 

“Ésta debe garantizar a la población el efectivo ejercicio de los derechos humanos relacionados con la prevención y el control de la violencia y el delito, incluido el crimen organizado”, destacó. 

En este sentido, consideró “imperativo que el Estado mexicano reafirme su compromiso con los derechos humanos atendiendo las recomendaciones y los llamados de las organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de organismos internacionales. Por ello el Estado debe evitar la militarización de la seguridad pública, adoptar las medidas necesarias para fortalecer la policía, y garantizar un sistema de justicia autónomo e independiente”.