La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó el Paquete Económico 2027, en el que prevé un déficit de 3.9%, y que la deuda pública llegará al 55% del PIB.
El titular de la SHCP, Édgar Amador, afirmó ante la Cámara de Diputados que la consolidación fiscal continuará de manera estratégica, conservando la capacidad para financiar proyectos de inversión y programas del bienestar.
Paquete Económico 2027: Esto es lo que prevé la SCHP
Durante la entrega del Paquete Económico 2027, la SHCP reveló que los Requerimientos Financieros del Sector Público se situarán 3.9%.
SHCP sostuvo que el nivel de endeudamiento respecto al PIB se estabilizará en los años siguientes y se mantendrá por debajo del promedio observado en otras economías emergentes de América Latina.
El incremento previsto en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros situará la deuda pública en 55%, un punto porcentual por encima de lo estimado para el cierre de 2026.
Según los Criterios Generales de Política Económica, este repunte obedece principalmente a un mayor costo financiero y al impacto del tipo de cambio en la valuación de la deuda externa.
A este panorama se suman necesidades de financiamiento fuera del presupuesto equivalentes al 0.5% del PIB, que engloban:
- Obligaciones de la CFE asociadas a Pidiregas por 0.1%.
- Requerimientos del IPAB por 0.1% impulsados por la inflación.
- Partidas del Fonadin por 0.05% para proyectos de infraestructura.
Estos compromisos serán parcialmente compensados por ahorros en la banca de desarrollo y un superávit en programas de deudores.
Para solventar estos requerimientos sin recurrir a la creación de nuevos impuestos, el Gobierno federal proyecta captar un máximo histórico en ingresos tributarios equivalente al 15.9% del PIB.
Esta meta supera la estimación de 15.4% calculada para 2026 y se fundamenta en fortalecer la eficiencia en el cobro, fomentar el cumplimiento voluntario y combatir el fraude fiscal.
En ese marco, la propuesta incluye modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta destinadas a cerrar resquicios de evasión y frenar el uso de empresas factureras, ampliando así el margen fiscal para atender las prioridades nacionales.