Organizaciones de la sociedad civil OSCs expusieron ante la CIDH la afectación al ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales en México.

Ello, ante la omisión del Senado de la República para el nombramiento de tres integrantes del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En este sentido, este 9 de noviembre representantes de las OSCs, la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, los comisionados Adrián Alcalá, Norma Julieta del Río y Josefina Román, participaron en una audiencia pública de la CIDH.

El acceso a la información corren peligro

Blanca Lilia Ibarra advirtió ante la CIDH que en México, los derechos de acceso a la información y protección de datos personales están en peligro.

Lo anterior, pues la falta de integración completa de nuestro Pleno afecta la autonomía y el funcionamiento de este organismo, cuyo mandato consiste en la promoción y garantía de tales derechos”.

Precisó que el Pleno del organismo garante estuvo imposibilitado para sesionar por casi cinco meses ante la falta de quórum, lo cual provocó un retraso en la resolución de diversos asuntos.

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Por ello, consideró fundamental respetar la conformación del organismo garante, ya que es de sus integrantes de quienes depende en última instancia su independencia, pluralidad, especialidad e imparcialidad.

La audiencia fue solicitada en agosto pasado por organizaciones de personas defensoras de derechos humanos, investigadoras, académicas y periodistas.

Solicitudes de las OSCs a la CIDH

Las solicitudes de las OSCs a la CIDH son:

  1. Emitir un pronunciamiento público sobre la situación planteada en la audiencia, principalmente sobre la omisión deliberada por parte del Estado para completar el Pleno del Instituto.
  2. Instar al Estado a cesar los ataques y actos orientados al debilitamiento contra los órganos autónomos, particularmente contra el INAI.
  3. Realizar un informe temático sobre estándares interamericanos tendientes a fortalecer los procesos de designación de altas responsabilidades públicas, tomando en cuenta el contexto.
  4. Un informe temático sobre la situación actual de los órganos autónomos garantes del derecho a la información y el estado de este derecho en la región, en conjunto con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.