México.- Luego de que Leticia Salazar, alcaldesa de Matamoros, Tamaulipas, diera a conocer que las administraciones pasadas eran víctima de extorsiones por parte del crimen organizado, diferentes partidos políticos, legisladores y empresarios de la entidad coincidieron en que el deber de Salazar como autoridad municipal es demostrar sus dichos con pruebas y posteriormente acudir las ante autoridades competentes para denunciar los delitos.

Este lunes, la presidenta municipal había declarado a los medios de comunicación que sus antecesores en el cargo entregaban entre 20 y 25 millones de pesos al mes a cárteles de las drogas por concepto de derecho de piso. Además, acusó que la delincuencia organizada había montado una campaña en su contra por haber cesado estos pagos al llegar al poder.

El presidente de la Federación de Cámara de Comercio En Tamaulipas, Julio Almanza Armas, declaró al diario Excélsior: ?creo que el que está acusando, está obligado a comprobar, el señalamiento que está haciendo en este caso la alcaldesa de Matamoros es delicado, que creo no debe quedar como una declaración nada más hecha al aire?.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal, Ramiro Ramos Salinas, señaló que la obligación de la alcaldesa es denunciar todos los delitos de los que tenga conocimiento, por lo que la invitó a acudir ante el Ministerio Público de la Federación para que las autoridades tomen cartas en el asunto.

El líder del grupo parlamentario de Acción Nacional, Francisco Elizondo, y Alberto Sánchez Neri, dirigente estatal del PRD, secundaron el exhorto, y aseguraron no tener conocimiento de estas prácticas.