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Ediciones Locales

8 años después de la masacre continúa impune el caso de los 72 migrantes de San Fernando

Karen Castillo Castillejos mié 22 ago 2018 18:30
Foto propiedad de: @Fundación Justicia

El 21 de agosto del 2010 fueron asesinados en San Fernando, Tamaulipas: 72 migrantes que se negaron a trabajar con el crimen organizado.

México.-  El 24 de agosto del 2010 se descubriría en el poblado de San Fernando, Tamaulipas una de las peores masacres cometidas en México en contra de la población migrante: 72 personas extranjeras fueron asesinadas en un rancho abandonado. Ocho años después de la tragedia, el acontecimiento aún continúa impune.

La masacre fue explicada por fuentes oficiales como una consecuencia al rechazo del grupo criminal Los Zetas que habían secuestrado a los 72,  días antes de su muerte y les habían ofrecidos dos opciones: trabajar para ellos o continuar hacia la muerte.

El acontecimiento conmovió a las comunidades cercanas al rancho,  ubicado 20 kilómetros del libramiento de tráfico pesado, así como a los organismos internacionales que exigieron la visibilización de los riesgos que enfrentan los migrantes en tránsito.

El asesinato, ocurrido el 21 de agosto del 2010 , fue conmemorado el  día de hoy por sacerdotes, defensores de derechos humanos y activistas que instalaron el territorio una gran cruz, que contiene otras 72 cruces que recuerda “el acontecimiento criminal fundante que mancha profundamente de sangre, muerte, miedo y vergüenza al Estado Mexicano”, destacó el sacerdote Pedro Pantoja, fundador de la casa del migrante Saltillo.

Durante el acto, en el que se llevaron a cabo algunos rezos, los religiosos se manifestaron para que el nuevo presidente electo, Andrés Manuel López Obrador y su equipo de trabajo trabajen para garantizar la no repetición de actos violatorios de los derechos humanos de los migrantes.

8 años sin excusas

La organización no gubernamental, Fundación Justicia, aclara que la investigación de la masacre adolece de resultados que permitan esclarecer los hechos y las causas que motivaron la violación de los derechos humanos. Hasta el momento, las familias de las víctimas continúan esperando la verdad frente a un Estado que ha sido incapaz de reparar integralmente a las mismas.

Denuncia que en lo que va del 2018, la PGR no ha permitido acceder al expediente por un lapso de 18 horas, lo que se traduce en una violación sistemática de los derechos de las víctimas.