México.- La familia del exsenador y exgobernador sonorense Eduardo Bours acumula un largo historial de abuso de poder, uso faccioso de la justicia para sus intereses y denuncias por fraude fiscal, según documentó este viernes el diario La Jornada con un par de artículos. 

Javier,  Eduardo, Ricardo y Rodrigo Bours son además las cabezas de Grupo Bours, conglomerado con cientos de empresas en diversos rubros como ganadería, transporte, financiamiento y agricultura, con Megacable y Bachoco como sus principales marcas.

Además de su poder económico, participan en la política local y Ricardo, hermano de Eduardo, aspira a la candidatura del PRI a la gubernatura en la próxima elección, mientras que Rodrigo fue candidato independiente a la presidencia municipal de Cajemé.

La fortuna de los Bours creció de manera desmesurada precisamente con la llegada de Eduardo al gobierno del estado en el año 2003, cuando nombró a Ricardo com encargado del organismo estatal de promoción económica.

La influencia que imprime la familia es tal que se las han arreglado para meter y mantener en prisión a particulares a través del tráfico de influencias. Tal es el caso de la familia Galaz Torrecillas, que vivió en carne propia el alcance de los Bours cuando adquirieron una deuda con la empreas Vimifos, dedicada al suministro de alimento para animales de cría.

Tras solicitar un crédito para adquirir alimento para camarón y luego incumplir en el pago, el matrimonio y personas cercanas terminaron en la cárcel aun cuando los delitos eran de tipo mercantil, y en México las deudas no son motivo de privación de la libertad.

La hija de Galaz y Torrecillas ha acudido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para denunciar la situación, sin que hasta el momento se haya emitido una recomendación por el caso o sus padres hayan siquiera obtenido el beneficio de la libertad condicional, toda vez que los delitos que se les imputa no son graves.

Otro caso muy sonado en la entidad es el de la posible evasión fiscal en que incurrió Grupo Bours cuando vendió Megacable a Televisa, que les valió una investigación por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República), de nuevo sin que a la fecha existan órdenes de aprehensión.