Puebla

El petista Juan José Espinosa propone castración química a pedófilos en Puebla

Juan José EspinosaCortesía

Organizaciones civiles como Amnistía Internacional consideran que la castración química no es la solución para disminuir los delitos sexuales

México.- El diputado local de Puebla del Partido del Trabajo (PT) Juan José Espinosa propuso que a los pedófilos se les castigue con castración química para, según él, reducir el índice de ataques a menores de edad.

La iniciativa de Espinosa plantea incorporar al Artículo 37 del Código Penal de Puebla que el hombre que sea sentenciado por pedofilia se le dé una tratamiento para inhibir su sexualidad a través de la leuprorelinae, el acetato de medroxyprogesterona y de ciproterona.

El legislador petista también propone añadir un capítulo sobre aplicar inhibición sexual a quien cometa “actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o simulados.

El castigo que promueve Espinoza también se establecería para quien “sea mayor de tres años en referencia a la víctima; sea su pariente por consanguinidad, afinidad o civil; su tutor, curador o tenga alguna representación sobre ella; habite en su mismo domicilio, sea su docente, consejero espiritual”.

Además contempla de cinco a diez años de prisión y multa de 8 mil 88 a 26 mil 64 pesos.

“A nivel local, existen iniciativas similares en los Congresos de la Ciudad de México y el Estado de México”Juan José Espinosa

En su iniciativa el diputado justifica que en otras ciudades o países (como California, Estados Unidos; Polonia; Moldavia; y España) la castración química se aplica a quien cometa una agresión sexual.

Organizaciones civiles como Amnistía Internacional consideran que la castración química no es la solución para disminuir los delitos sexuales, tampoco es justicia, sino “sumar una crueldad a otra”. Esta medida es considera como tortura y trato inhumano o degradante.

“La castración química consiste en eliminar el impulso sexual mediante un tratamiento farmacológico u hormonal. Imponerla por ley y sin consentimiento informado como medida punitiva es una pena cruel, inhumana y degradante”Amnistía internacional