México.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó la implementación de medidas cautelares al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, y al municipio de San Miguel Totolapan para la familia de Carlos Marqués Oyorzábal, defensor ambientalista asesinado el pasado 4 de abril.

En la solicitud, la CNDH también pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero iniciar la investigación del homicidio de Carlos Marqués Oyorzábal, quien también era Comisario ejidal, considerando su labor como defensor del medio ambiente e indagar en las amenazas contra sus familiares.

Las medidas solicitadas son para que se realicen las acciones y protocolos necesarios para salvaguardar la integridad física y psicológica, seguridad personal y la vida de la familia de la víctima.

Asesinan a ambientalista Carlos Marqués Oyorzábal

El pasado 4 de abril un comando de personas armadas asesinó y descuartizó al activista Carlos Marqués Oyorzábal en San Miguel Totolapan, Guerrero; el ambientalista también era parte de la policía comunitaria “Pueblos Unidos”, opositores al saqueo de recursos forestales de la zona por grupos armados.

Tras su homicidio, la familia de la víctima solicitó ayuda por las amenazas de muerte y tortura que recibieron. Según la CNDH, la hermana del Comisario pidió ayuda a las autoridades a través de videos publicados en redes sociales.

“Primero empezaron con mi hermano, ahora dicen que van a acabar con nosotros, con toda la familia, con los niños, que nos van a quemar. Queremos que (las autoridades) se muevan rápido, porque esto urge”.

Familia de Carlos Marqués

Segob interviene en caso de homicidio de Marqués Oyorzábal

Por su parte, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que a través del personal de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos (UDDH), y del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos ofrecieron protección a la familia del activista.

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Afirmaron que personal del mecanismo se entrevistó con su esposa para ofrecerle servicios de seguridad que consistían en la extracción de ella y sus 6 hijos de la comunidad en la que viven, sin embargo, la familia no aceptó la medida.

Por ello, la Segob dijo que implementará una serie de acciones en vista de atender a personas defensoras de la tierra y territorio en la comunidad, para desincentivar las causas que detonan las agresiones y también aseguraron que realizaron recorridos en la zona para recabar testimonios del contexto de violencia derivado por la tala ilegal en la región.