México.- En un hecho inédito, un juez de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México ordenó al Estado mexicano concluir los procedimientos para reconocer la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas (Comité CED) de la Organización de las Naciones Unidas, con el propósito de recibir y examinar casos individuales por este delito.

El amparo se le otorgó a María Herrera Magdaleno y Juan Carlos Trujillo Herrera, familia que tiene a cuatro de sus integrantes desaparecidos. Dicha resolución establece que autoridades federales fueron omisas e impidieron al Comité conocer las peticiones individuales, lo que vulnera el derecho de las víctimas a acudir a instancias internacionales.

Aunque México firmó y ratificó desde 2008, la Convención Internacional para la Protección de Personas contra las Desapariciones Forzadas, reconociendo además al Comité CED, durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la Secretaria de Relaciones Exteriores se negó a aceptar la competencia del Comité.

Ante esta situación, la familia Trujillo Herrera presentó el 13 de marzo de 2018, una demanda de amparo en la que reclamaba la omisión de las autoridades federales. Después de un largo proceso, el juez consideró que las autoridades violaron el derecho de las víctimas directas o indirectas a acudir a instancia internacionales en desaparición forzada.

El titular del Juzgado Tercero de Distrito concedió 60 días a la cancillería mexicana para definir una posición clara y para que la nueva administración muestre su compromiso con los derechos humanos.