México.- Comuneros otomíes afectados por el decreto expropiatorio para la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan, alertaron que los tres niveles de gobierno pretenden manipular el proceso de renovación de autoridades comunales en Huitzizilapan para favorecer a Grupo Higa.

Los habitantes, que integran una de las tres comunidades del municipio de Lerma en el Estado de México que serán afectadas por el paso carretero, solicitaron la presencia de organizaciones civiles y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para la asamblea en la que se designarán al Comisariado y al Consejo de Vigilancia, debido a la tensión que se experimenta en la comunidad.

Los vecinos también solicitan que la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano vigile la actuación de los servidores públicos de la Delegación de la Procuraduría Agraria mexiquense para que se apegue al derecho.

Otra de sus peticiones es que el gobierno municipal y las empresas interesadas en el territorio se abstengan de participar en la asamblea para elegir a las autoridades comunales, mientras esperan que un tribunal colegiado resuelva el amparo 855/2014 con el que piden la suspensión definitiva de la obra.

Uno de los comunitarios denunció a un grupo de choque integrado por priistas que han puesto a las autoridades los últimos 15 años, mientras se brindan concesiones a empresas privadas para deforestar y construir la autopista que se brindó a la empresa Teya que integra el Grupo Higa.

El grupo responde al excomisariado ejidal Luis Enrique Ortínez Dorantes y el exalcalde de Lerma, Erick Servilla, mismos que presionan a los 904 comuneros que integran el padrón avalado por la Procuraduría Agraria para que favorezcan a los integrantes de su grupo político.

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El proyecto carretero afectará 138 hectáreas de bosques que comprenden las comunidades de Huitzizilapan, Xochicuatla y Ayotuxco, lo cual se pactó entre los líderes comunitarios en 2006 y 2012 a cambio de 20 mil pesos a cada comunero para aceptar el paso de la autopista, asamblea a la cual no asistió ni siquiera la mitad del padrón.

De acuerdo con Proceso, los opositores al proyecto conformaron una planilla donde participan representantes de 12 poblaciones que integran Huitzizilapan, pues aunque en la renovación de las autoridades comunitarias sólo pueden participar 904 personas, el proyecto afecta a 17 mil personas, así como al ambiente y los recursos hidráulicos de alimentación del sistema Cutzamala.