México.- La familia indígena Gómez Sánchez quien denunció que la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) fabricó delitos durante la investigación del caso Dylan por la búsqueda del niño de 2 años que fue víctima de secuestro, exigió a las autoridades que les entregue a sus hijos, luego de que les acusara de dirigir una presunta red de trata infantil.
Tres mujeres de la familia acusan a la fiscalía chiapaneca de incautar sus muebles y artesanías, negocio al cual se dedican para su sustento, únicamente bajo el argumento de ser pobres e indígenas, señalaron las propias víctimas.
Los Gómez residían en la misma vivienda en el municipio de San Cristóbal de las Casas dedicándose al comercio informal de artesanías elaboradas con ámbar en las calles del centro de la ciudad, a donde les acompañaban los menores de edad para no quedarse solos en casa.
Sin embargo, la familia acusa que la situación fue usada por el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca para acusarles del delito de explotación infantil y retirarles la custodia de 23 niños, todos los cuales tienes padres.
Integrantes de la familia indígena acudieron ante las autoridades para informarles respecto a la confusión, pero nadie escuchó su testimonio, recupera un reportaje de Sin Embargo, descartando que alguno de sus miembros se dedicara a actividades ilícitas y pidiendo que les devolvieran a los menores de edad.
Las víctimas añaden que después del cateo, las autoridades regresaron a la casa que rentaban para llevarse los muebles, televisores, estufas y cilindros de gas.
Organizaciones que acompañan el caso, acusan que la FGE de Chiapas opera de forma sistemática recurriendo a la detención arbitraria, tortura y criminalización de familias indígenas, sin que alguna autoridad se haya pronunciado sobre la situación jurídica de los integrantes de la familia Gómez Sánchez.