México.- La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la CDMX expresó su oposición a la reforma al Código Civil que propone Morena para que los inquilinos no paguen renta en situaciones de emergencia.

De acuerdo con el coordinador del partido, Mauricio Tabe, la iniciativa que promueve el Movimiento de Regeneración Nacional desalentará la inversión dado que va en un sentido contrario al de la promoción de la actividad económica durante la epidemia de coronavirus.

El panista considera que las autoridades tienen la obligación de impulsar una política de subsidios que garantice el apoyo a la población con sus rentas y un mensaje de aliento a los arrendadores de inmuebles.

Por otra parte, Tabe acusó de disfrazar a la iniciativa como propuesta ciudadana cuando en realidad son dos diputadas quienes la impulsan: Martha Ávila Ventura y Valentina Batres Guadarrama, como medida política dirigida a un sector poblacional.

Acusan a Morena de impulsar propuesta con objetivo electoral

El diputado del PAN alertó que ya desde 2019 se vio en la Cuenta Pública de la Ciudad de México una caída en el Producto Interno Bruto y una contracción económica nacional como resultado de la caída en el mercado de la construcción, recupera El Universal.

La diputada Gabriela Salido, quien es integrante de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, acusó a la reforma de estar cargada de un objetivo “ideológico”, mientras el diputado Diego Garrido, señaló que por ley nadie podría privar a un propietario del goce o disfrute de una propiedad sin un mandato judicial.

Lo más leído de CDMX

El panista quien además es secretario de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, acusó que con la iniciativa se viola la libertad contractual, a lo cual el presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo, Federico Döring, agregó que Morena busca queda bien con un número reducido de militantes.

Afirmó que con la propuesta se busca retratar a los empresarios y a los desarrolladores como “malos” cuando el objetivo real es electoral, dado que los particulares no tiene la obligación de garantizar el derecho humano, pero sí las autoridades.