México.- La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) emitió 9 recomendaciones por actos de tortura cometidos contra 176 víctimas, entre las que destacaron a personas privadas de su libertad, mujeres y adolescentes.

Durante la presentación de las recomendaciones, la presidenta de la Comisión, Nashieli Ramírez, señaló que los casos documentados no son “hechos aislados”, pues evidencia una falla estructural del Estado y el impacto que tiene la tortura en las víctimas, la colocan en una de las formas más graves de violación de derechos humanos, “pues está orientada a consumir su dignidad”.

“Es imprescindible denunciar la relación entre la tortura y la corrupción en muchas formas. Desde la negativa por pagar cuotas en las cárceles, hasta la misión de obtener una declaración autoincriminatoria. También la corrupción, en su modalidad de impunidad, permite que suceda esta grave y generalizada violación a los derechos humanos”.

Nashieli Ramírez

Tortura en centros de reclusión

Las 5 primeras recomendaciones están enfocadas a la tortura ejercida por agentes del Estado dentro de centro de reclusión de la Ciudad de México; entre ellas, contra jóvenes activistas privados de su libertad, tortura que derivó en alguna discapacidad psicosocial en las víctimas y por causar la muerte personas recluidas.

Las otras 4 recomendaciones están enfocadas la falta de debida diligencia de las autoridades para investigar tortura sexual; o que utilizan la tortura psicológica como una herramienta de investigación en delitos de alto impacto. Además, la Comisión documentó malos tratos en contra de adolescentes y jóvenes.

Recomendaciones a autoridades penitenciarias, salud, seguridad y justicia

Las recomendaciones de la CDHCM están dirigidas a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, la Secretaría de Salud, de Seguridad Ciudadana y a la Procuraduría General de Justicia, todas locales.

“Mientras las instituciones en su conjunto no internalicen y dispongan de un sistema de ‘cero tolerancia’ a la tortura y lo den a conocer públicamente con la intención, además de reconocer este problema estructural y reparar el daño, los casos seguirán siendo generalizados”.

Nashieli Ramírez

Todas las autoridades responsables deberán realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y manifestar su compromiso para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la tortura, con acciones en corto, mediano y largo plazo.

También deberán realizar un plan integral de reparación para las víctimas, así como atención médica y psicosocial.