El gobierno del Reino Unido dio a conocer este 14 de julio que prohibirá a partir de 2021 a sus operadores de telecomunicaciones adquirir tecnología 5G de Huawei, alegando motivos de seguridad y luego de que Estados Unidos aplicara sanciones contra la empresa china.

El ministro de Cultura, Digital, Deportes y Medios de Comunicación, Oliver Dowden, señaló ante la Cámara de los Comunes que toda la infraestructura de Huawei será desmantelada y retirada del territorio británico antes de 2027.

Esto, luego de que el Consejo de Seguridad Nacional anulara una resolución judicial de enero de este año en la que se permitía al fabricante asiático acceder a partes no estratégicas de esta red de telecomunicaciones, pues consideraron que esto significaba un riesgo para los intereses británicos.

Para tomar esta decisión, reconoció Dowden, se tomó en cuenta que Estados Unidos restringió en mayo pasado la venta de chips la empresa, una medida que “limita la capacidad de Huawei de producir productos” para la red, por lo que ahora Londres “no tiene la confianza de poder garantizar la seguridad del futuro equipamiento 5G de Huawei”.

“Para ser claros, desde el final de este año, los operadores de telecomunicaciones no deben comprar ningún equipamiento de 5G de Huawei, y, cuando se apruebe la ley de seguridad en las telecomunicaciones, será ilegal hacerlo”.

Oliver Dowden

El político reconoció que con esta decisión se podría retrasar entre 2 y 3 años el desarrollo de la red 5G, que dará más oportunidades a las telefónicas de ofrecer servicios de mayor calidad y un mayor ancho de banda.

Además, el costo total de la red ahora podría incrementarse en 2 mil millones de libras (unos 56 mil 700 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual”.

Empresas telefónicas como Vodafone y BT han advertido que la eliminación de los equipos del fabricante asiático podría causar cortes de señal y se necesitan al menos 5 años para su remplazo.

El vicepresidente de Huawei, Victor Zhang, había acudido recientemente al Parlamento del Reino Unido y declarado que la empresa está obligada a acatar las legislaciones de cada país en donde tiene presencia, descartando ser una amenaza para la seguridad británica.