Piden en Ecuador pena máxima para el expresidente Rafael Correa

Rafael Correa
Rafael Correa. Pena máxima.MikeCorder/AP

La pena máxima por el caso "Sobornos 2012-2016" es de hasta 8 años de cárcel.

México.- La Fiscalía General de Ecuador pidió la pena máxima para el expresidente Rafael Correa, que son hasta ocho años de cárcel, por el caso "Sobornos 2012-2016".

Al exmandatario se le inició un juicio por supuestamente recibir de forma irregular fondos de Odebrecht y otras empresas para financiar las campañas electorales entre 2012 y 2016, a cambio de la entrega de contratos durante su gobierno.

En sus alegatos finales, la Fiscalía solicitó la pena máxima para Correa, así como para otros 20 funcionarios de su gobierno. 

"Increíble" a lo que se atreve la fiscal: Correa

De acuerdo con la Fiscalía de Ecuador, se determinó que existió una estructura con niveles jerárquicos: líderes, coordinadores y beneficiarios, que utilizaba codificaciones y jerga criminal para el cometimiento del delito.

La fiscal general del Estado Diana Salazar señaló que en el juicio contra Rafael Correa se presentaron pruebas testimoniales, periciales y documentales.

En tanto, el exmandatario dijo que le parece "increíble" a lo que se atreve la fiscal del Estado e insistió en que no existen pruebas en su contra. 

Y en referencia a Salazar, sostuvo que "felizmente lo único que supera su mala fe es su ineptitud".

Cabe destacar que Rafael Correa vive en Bélgica desde el 2017 tras haber finalizado su mandato.

¿De qué acusan a Rafael Correa en Ecuador?

La Fiscalía de Ecuador acusó a Rafael Correa de liderar una “estructura jerárquica” para captar fondos de empresas contratistas del Estado por más de 7.5 millones de dólares.

El propósito, señalaron, era financiar algunas campañas electorales a cambio de la adjudicación contratos de obras de infraestructura.

Se informó que la Fiscalía solicitó una reparación integral de 1.130 millones de dólares, disculpas públicas, así como la publicación de la sentencia en la prensa.

En tanto, la Procuraduría General del Estado, como acusación particular, pidió una reparación integral para el Estado de más de 23 millones de dólares, así como disculpas públicas por parte de los procesados y el reconocimiento de estos hechos en medios de comunicación.

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