El gobierno de Estados Unidos cumplió este 14 de julio con una pena de muerte por inyección letal dictada contra el supremacista blanco Daniel Lewis Lee, quien en la década de los 90 del siglo pasado asesinó una familia entera.

De acuerdo con la agencia de noticias AP, se trata de la primera ejecución a nivel federal desde el año 2003, la cual fue posible porque la Corte Suprema del país norteamericano determinó un día antes revocar una suspensión que mantenía al interno con vida, en una votación de cinco ministros a favor y cuatro en contra que abre la puerta a la muerte de más condenados.

Con esto, el recluso del penal federal de Terre Haute, en Indiana (centro) recibió la inyección poco después de las 8 de la mañana (hora local); el centro de detención tiene programadas otras dos penas de muerte para los próximos días y una más para el mes de agosto.

Daniel Lewis Lee, primer interno de prisión federal en recibir pena de muerte desde 2003

Un juez había condenado a muerte a Daniel Lewis Lee en 1999 por asesinar, junto con Chevie Kehoe, a los tres miembros de la familia Mueller en Arkansas.

El móvil del crimen fue el robo de 50 mil dólares en efectivo y varias armas con municiones con el fin de financiar a grupo terrorista La República Aria; Kehoe solo fue condenado a cadena perpetua por los hechos.

En sus últimas palabras, Lee insistió en su inocencia y denunció que el gobierno estaba tomando la vida de la persona equivocada:

“No lo hice. He cometido muchos errores en mi vida, pero no soy un asesino. Están matando a un hombre inocente”.

Daniel Lewis Lee

Activistas lamentan ejecución de Daniel Lewis Lee

La ejecución de Daniel Lewis Lee reabrió el debate sobre la pena de muerte, con muchos activistas denunciando que la primera ejecución federal llega precisamente cuando el presidente Donald Trump debe mostrar mano dura contra el crimen en pos de conseguir la reelección en noviembre próximo.

La propia familia de las víctimas se oponía e incluso presentó un documento en el que consideraban injusto que un culpable fuera asesinado por el Estado y otro no, el cual fue desestimado por las autoridades.

“El gobierno ha estado tratando de presionar por estas ejecuciones a pesar de que persisten muchas preguntas sin respuesta sobre la legalidad de su nuevo protocolo de ejecución”, afirmó por su parte el abogado Shawn Nolan, quien defiende a varios condenados a muerte en cárceles federales.