SCJN no impedirá toma de protesta de Jaime Bonilla como gobernador de BC

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 Jaime Bonilla, gobernador electo de Baja CaliforniaMoisés Pablo / Cuartoscuro

La SCJN permitirá la toma de protesta, pero aún debe resolver los recursos de inconstitucionalidad promovidos en contra de  la Ley Bonilla.

México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó un recurso de inconstitucionalidad promovido por partidos de oposición para impedir la toma de protesta de Jaime Bonilla como gobernador de Baja California en la ceremonia que se llevará a cabo el próximo 1 de noviembre.

De acuerdo con el diario Excélsior, el ministro José Fernando Franco González Salas desestimó el recurso presentado por PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano con el que pretendían que no se llevara a cabo la protesta de Bonilla, quien ganó con más de la mitad de los votos en la elección del 2 de junio pasado.

Pese a lo anterior, el ministro aclaró que la Suprema Corte seguirá teniendo la facultad de revisar la validez de la toma de protesta de Bonilla y determinar si su periodo será de dos o cinco años.

Cabe señalar que el Congreso de Baja California -en aquel entonces con mayoría del PAN- aprobó la llamada Ley Bonilla, con la que se extendió de dos a cinco años el periodo del gobernador electo, una medida que fue muy criticada en todo el país y pronto generó varios recursos legales en su contra.

SCJN podrá decidir inconstitucionalidad del gobierno de Bonilla aunque ya esté en funciones

Cuatro partidos de oposición presentaron el pasado 24 de octubre acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley Bonilla y la ampliación de su mandato a cinco años.

Pese a que la SCJN admitió el trámite de los recursos, el ministro Franco González Salas rechazó en primera instancia la suspensión de la toma de protesta promovida por los institutos políticos, por lo que todo apunta que Jaime Bonilla Valdez rendirá protesta como gobernador de Baja California sin sobresaltos.

El criterio seguido por el ministro señala que las acciones de inconstitucionalidad siguen en trámite y, si es que la Suprema Corte echa abajo la Ley Bonilla, sencillamente se le avisaría al ejecutivo local que la duración del periodo será de dos y no de cinco años.

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