México.- El 28 de octubre se celebró audiencia en el Centro de Justicia Federal de Ciudad Gobierno en Zacatecas con motivo del caso de desaparición y asesinato de siete jornaleros en Calera el 7 de julio.

La obtención de pruebas en el proceso judicial en contra del coronel Martín Pérez Reséndiz y tres elementos de ordenanza identificados como José Manuel Castañeda Hernández, Víctor Manuel González Alderete y Juan Ordóñez Prado, por la desaparición forzada y el homicidio de las víctimas obligó a ampliar la investigación tres meses.

La audiencia fue presidida por el juez Juan Ramón Barreto López y en ella estuvieron presentes los cuatro militares indiciados junto a los cinco abogados que los representan, así como las familias de las víctimas, quienes aparecen como testigos protegidos.

Esto fue el resultado de un plantón el 15 de julio a fuera del domicilio allanado de dónde desaparecieron los jóvenes, y de su visita al Congreso de Zacatecas, lo cual obligó a la Procuraduría General de la República a acudir a la vivienda, recabar declaraciones y llevar a cabo peritajes.

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El 17, la procuradora Leticia Soto Acosta anunció el hallazgo de cuatro de los desaparecidos dentro de una casa cercana a la presa El Tesorero, en una brecha de la carretera Jerez-Fresnillo; ese mismo día, pero más tarde, se localizó a los tres restantes, quienes tenían un disparo en la cabeza y signos de tortura, además de que la evidencia mostraba que habían fallecido días atrás.

Las autopsias e informes forenses certificaron el asesinato horas después del levantamiento por parte de los militares en la vivienda el 7 de julio.

De acuerdo con Proceso, filtraciones a portales digitales y medios locales indicaban que tres de las siete víctimas, entre las que se encontraba el exmilitar Germán Martín García, fueron señalados como delincuentes de bandos contrarios.

Diez días después de la desaparición, el Ejército ya llevaba a cabo su propia investigación, sin embargo y con base en fuentes militares, debido a la falta de credibilidad en la institución por casos como Tlatlaya o Ayotzinapa, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, molesto por el exceso de Reséndiz y la ostentación de éste sobre su presunta amistad, lo empleó como ejemplo de que las fuerzas armadas no tolerarían violaciones a la ley o los derechos humanos.

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Poco después, la Sedena confirmaba vía comunicado sobre la detención de cuatro militares que serían puestos a disposición de las autoridades civiles para ser procesados.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) hizo su aparición en octubre y envió a un grupo de abogados desde la delegación de Guadalajara para que fungieran como asesores jurídicos, luego de que los militares fueran vinculados a proceso el 31 de julio, lo que llevó al juez Primero de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio a fijar un plazo de tres meses para la investigación complementaria, el cual venció el 30 de octubre.

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